Ya pasó más de un mes desde que el gobernante venezolano Nicolás Maduro se robó las elecciones del 28 de julio, y las exigencias de Estados Unidos y varios países latinoamericanos de que muestre pruebas de su autoproclamada victoria electoral han caído en el vacío.
Ya se agotó la paciencia de varias democracias de la región para esperar algún resultado de las gestiones de los presidentes de Brasil y Colombia para convencer a Maduro de que muestre sus registros de votación y permita una transición a la democracia.
Tal como me dijo en una entrevista el presidente de Panamá, José Raul Mulino, a menos que haya un esfuerzo internacional colectivo para aislar a Maduro, el dictador venezolano se aferrará al poder indefinidamente. Eso podría resultar en un nuevo éxodo de millones de venezolanos, que se sumarán a los casi 8 millones que ya han huido del país desde que Maduro subió al poder en 2013.
El presidente panameño me dijo que las gestiones de Brasil y Colombia con Maduro no están yendo a ninguna parte, y que la propuesta de Brasil de que Venezuela realice nuevas elecciones sólo ayudaría a Maduro a ganar tiempo, y le daría al dictador venezolano “un tanque de oxígeno gigante”.
Panamá, que el 1 de enero asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, suspendió el tráfico aéreo con Venezuela y reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de ese país.
Según las encuestas de salida y las copias de los recuentos de votos hechos públicos por la oposición venezolana, González Urrutia ganó las elecciones por una abrumadora mayoría con casi el 70 por ciento de los votos.
Mulino me dijo que ha llegado el momento de que los países democráticos implementen un “aislamiento material real” de Venezuela. Cuando le pregunté si otros países deberían seguir el ejemplo de Panamá y suspender el tráfico aéreo con Venezuela, respondió: “Yo creo que sí”.
Existe un gran debate en Washington D.C. sobre si Estados Unidos debería imponer sanciones económicas más amplias a Venezuela, o si eso sólo aceleraría el colapso económico del país y desencadenaría una nueva ola migratoria.
Los líderes de la oposición venezolana dicen que, como mínimo, el presidente Biden, América latina y España deberían imponer más sanciones personales, como anulaciones de visas, a funcionarios venezolanos y sus compinches en el mundo empresarial.
Biden ya ha revocado las visas de muchos altos funcionarios venezolanos y sus familias, pero dirigentes opositores me dicen que le han dado a diplomáticos estadounidenses una lista de 1.560 funcionarios y empresarios venezolanos que consideran que también deberían ser objeto de sanciones.
Juan Guaidó, el ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que fue reconocido por unos 50 países como presidente interino después de las elecciones de 2018, me confirmó que dicha lista fue entregada al Departamento de Estado a principios de este año. Las personas que figuran allí deberían rendir cuentas por sus crímenes, señaló.
“Es momento de subir la presión y ejercer sanciones a los responsables del robo de la elección”, me dijo Guaidó.
Maduro está en una posición mucho más débil hoy que después de las elecciones de 2018. Algunos de sus aliados claves de izquierda como Brasil y Colombia se han distanciado de él, ha perdido el apoyo de sectores chavistas en barrios populares, y tiene menos dinero para pagar a sus fuerzas de seguridad tras el restablecimiento de algunas sanciones petroleras de Estados Unidos.
¿Podrá contar Maduro con los soldados rasos de la Guardia Nacional Bolivariana o el ejército, que ganan apenas 10 dólares al día?, pregunta Ryan Berg, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración el 29 de agosto felicitándose tácitamente por algunos votos de la Organización de los Estados Americanos exigiendo “transparencia” y “revisión imparcial” del voto en Venezuela.
Todo esto está muy bien, pero son sólo palabras. Es hora de que Biden y los países latinoamericanos adopten sanciones económicas y diplomáticas colectivas contra Maduro, para acelerar su caída, restablecer la democracia y evitar un nuevo éxodo masivo de venezolanos.