Gobierno inicia la privatización total de Belgrano Cargas mediante desintegración vertical, con subastas, concesiones y la disolución final de la empresa
NotiPress.- El Gobierno Nacional oficializó el proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A. a través del Decreto 67/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida se enmarca en la Ley de Bases y busca reducir la participación del Estado en la administración de empresas.
La norma establece que el Estado dejará de operar el servicio ferroviario de cargas y de gestionar la infraestructura asociada, incluyendo el material rodante, talleres e inmuebles aledaños. Sin embargo, los terrenos y las vías férreas seguirán siendo propiedad del Estado y revertirán a su dominio una vez finalizadas las concesiones.
Un esquema de desintegración vertical
Dicho decreto detalla que la privatización se llevará a cabo mediante un modelo de desintegración vertical, lo que implica la separación de las distintas unidades de negocio de la empresa y su transferencia al sector privado a través de diferentes mecanismos.
En este contexto, el material rodante será subastado en remates públicos, y los fondos recaudados se destinarán a un fideicomiso con el objetivo de financiar obras ferroviarias. En cuanto a la infraestructura fija, las vías y los inmuebles aledaños serán concesionados bajo el esquema de obra pública mediante licitación nacional e internacional.
Por otro lado, los talleres ferroviarios serán otorgados en concesión para garantizar su continuidad operativa bajo gestión privada. Una vez completados estos procesos, la empresa estatal será disuelta y liquidada, poniendo fin a su administración pública.
Ejecución del proceso y aspectos no contemplados
La ejecución del proceso de privatización estará a cargo del Ministerio de Economía, con el respaldo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), entidad designada para llevar adelante la transición al sector privado.
A diferencia de experiencias previas, la normativa no incluye disposiciones sobre la implementación de un programa de propiedad participada, ni establece condiciones específicas para los trabajadores de la empresa. Tampoco se detallan medidas sobre eventuales preferencias para empleados en el proceso de privatización.