Maribel Hastings
En otra señal de mala política pública y menosprecio a los miles de millones de dólares que aportan los inmigrantes al fisco, el Servicio de Rentas Internas (IRS) podría colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), específicamente con ICE, para corroborar nombres y direcciones de indocumentados con órdenes finales de deportación, según reportaron diversos medios.
El IRS siempre ha instado a los indocumentados a pagar sus impuestos y se calcula que entre 50% y 75% de los hogares de indocumentados presentan sus declaraciones anuales utilizando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) que otorga el IRS a algunas categorías de no ciudadanos que no pueden obtener un número de Seguro Social.
Se trata de cumplir con las leyes tributarias federales y demostrar que gozan de “buen carácter moral” en caso de que en algún momento puedan regularizar su situación migratoria. También tienen pruebas de su historial laboral y de su presencia física en Estados Unidos.
Hasta ahora se ha respetado la confidencialidad del proceso precisamente ante el temor de que la información personal de los contribuyentes, sobre todo si no tienen documentos, sea empleada indebidamente. Como lo hizo el expresidente republicano, Richard Nixon, para perseguir a sus “enemigos” políticos en medio del escándalo de Watergate.
Según Congress.gov, “la sección 6103 del Código de Rentas Internas establece que las declaraciones de impuestos federales y la información de las declaraciones son confidenciales a menos que una ley autorice expresamente su divulgación. El Congreso ha establecido algunas excepciones a esta prohibición general”.
Pero una demanda interpuesta por dos organizaciones pro inmigrantes de Chicago para impedir el acuerdo, afirma que el DHS y ICE no representan una excepción que justifique que se viole la regla de confidencialidad con fines migratorios.
El 15 de abril, día del pago de impuestos, está a la vuelta de la esquina y queda por ver el efecto que esta noticia tendrá sobre los indocumentados que temen que el gobierno llegue a sus casas para detenerlos y deportarlos, y sobre el fisco que dejaría de recibir millones de dólares si esos indocumentados optan por no pagar sus impuestos o si son removidos del país.
Un reporte del Institute on Taxation and Economic Policy concluyó que “los inmigrantes indocumentados pagaron 96,700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022”.
“Más de un tercio de las contribuciones pagadas por los indocumentados se destinan a impuestos sobre nómina dedicados a financiar programas a los que estos trabajadores tienen prohibido acceder” porque son indocumentados. “En 2022, los indocumentados pagaron $25,700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social, $6,400 millones de dólares en impuestos de Medicare y $1,800 millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo” a los que no pueden acceder por ser indocumentados, según el reporte.
Y un nuevo análisis de Americans for Tax Reform encontró que “los inmigrantes indocumentados pagan una tasa tributaria superior a la de 55 grandes corporaciones y a la de algunos de los individuos más ricos del país”. “El informe también encontró que los inmigrantes indocumentados utilizan muchos menos recursos federales que las grandes corporaciones, que reciben miles de millones en subsidios”.
Según el informe, “la tasa tributaria estatal/local del 10.1% supera la tasa del 7.2% del 1% más rico en la mayoría de los estados”. “La tasa tributaria federal del 5.27% de los inmigrantes indocumentados supera la de algunos estadounidenses ricos y empresas”, agregó el análisis.
En esta historia convergen varios aspectos negativos. Primero, cómo la administración Trump desdeña el aporte multimillonario de los indocumentados a las arcas del gobierno, que sería mucho mayor si son legalizados. Usted nunca escucha a Trump hablar de esas contribuciones de los indocumentados que también trabajan en industrias clave porque esa realidad no encaja en su narrativa de que todos son “criminales” que suponen una “carga” para el gobierno.
En segundo lugar, un acuerdo de colaboración resultaría en que esos inmigrantes, o incluso ciudadanos casados con indocumentados, dejen de pagar impuestos por temor a ser identificados, detenidos y deportados.
Y en tercer lugar, supone un peligroso asalto a la confidencialidad y la privacidad, no únicamente de los indocumentados sino de todos los que pagamos impuestos.
Hoy el gobierno puede usar la información tributaria para perseguir indocumentados. Mañana pueden perseguirlo a usted, aunque sea ciudadano, argumentando otras razones. Sin duda una resbaladiza y peligrosa pendiente.