Demanda para evitar deportación de menores que estuvieron en hotel de McAllen

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"La administración Trump mantiene a los niños en secreto en hoteles y se niega a darles acceso a abogados para que puedan expulsarlos de vuelta al peligro sin siquiera la oportunidad de que los niños demuestren que justifican el asilo", dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, a la cadena CBS News. EFE/Gary Williams/Archivo

Tucson (AZ), (EFE News).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) entabló una demanda para impedir que los menores que estuvieron bajo custodia del Gobierno en un hotel de McAllen, Texas, sean deportados por las autoridades federales, informan este sábado medios nacionales.
La demanda, interpuesta la noche del viernes en Washington DC junto a Texas Civil Rights Project, es a nombre de los menores que en un número no determinado han sido mantenidos en un hotel en esta ciudad fronteriza y que, de acuerdo a las autoridades, ya han sido retirados del sitio y enviados a otras instalaciones para su previsible deportación.
“La administración Trump mantiene a los niños en secreto en hoteles y se niega a darles acceso a abogados para que puedan expulsarlos de vuelta al peligro sin siquiera la oportunidad de que los niños demuestren que justifican el asilo”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, a la cadena CBS News.
El documento de 25 páginas pide que los menores tengan también acceso a representación legal y puedan exponer sus casos de asilo en cortes de inmigración.
La noche del viernes, la cadena de hoteles Hilton señaló que el Hampton Inn & Suites, el hotel en McAllen en el que se hallaban los menores inmigrantes, ya no alberga a ningún indocumentado y que ha instruido al resto de sus hoteles y franquicias para que no alquile habitaciones a menores y familias migrantes bajo custodia federal.
“Nuestra política siempre ha sido que los hoteles no deben usarse como centros de detención o para detener a personas”, dijo la cadena en un comunicado.
Las autoridades no han informado del destino de los menores que estuvieron en ese hotel.
La retirada de los menores se dio tras una carta firmada por 12 legisladores demócratas, entre ellos Vicente Gonzalez, Filemon Vela y Veronica Escobar, dirigida al director interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, en el que expresaron su “profunda alarma por la detención ilegal de solicitantes de asilo”.
Los legisladores señalaron que tanto en ese hotel de McAllen como otros en El Paso y en Phoenix (Arizona) albergaban menores desde meses atrás para su deportación, amparado en directivas de los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que da luz verde a las agencias federales para la expulsión expeditiva de indocumentados.
Según recoge CBS News, desde marzo, cuando estalló la pandemia del coronavirus, los agentes federales en la frontera han emitido unas 72.000 órdenes de expulsión y unos 2.000 menores han sido deportados, por temor a una propagación del coronavirus y amparados en una ley federal de salud.
La abogada Karla Vargas, de Texas Civil Rights Project (TCRP), confirmó a Efe este viernes que los menores estaban empezando a ser retirados del hotel de McAllen con destino desconocido.
Relató que algunos inmigrantes escribieron mensajes en pedazos de papel que colocaron en las ventanas y en los que pedían ayuda, y que en uno de ellos señalaron incluso que no tenían acceso a teléfono.
Vargas indicó que el jueves abogados de TCRP trataron de entrar al hotel Hampton Inn y comunicarse con los niños y otros indocumentados en este lugar, pero fueron sacados a empujones por personas que supuestamente están cuidando a los niños y adultos.
“Estos migrantes están prácticamente secuestrados; no hay un rastro de su presencia en este país porque simplemente el Gobierno federal nos está negando esta información”, dijo.
El TCRP (integrado por abogados y activistas) tiene conocimiento que esta práctica de llevar a los menores a hoteles en Texas y posiblemente también en Arizona se lleva a cabo desde marzo, por lo que se podría tratar de miles de casos.
En junio pasado el TCRP y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda contra del Gobierno federal en nombre de una menor de 13 años que pasó por este proceso.