Por Andrés Oppenheimer
Mientras muchos de nosotros estábamos concentrados en la masacre de Las Vegas y en la tardía respuesta del presidente Trump al drama humanitario de Puerto Rico, hay un creciente escándalo político en Sudamérica que está pasando casi inadvertido: la candidatura inconstitucional del presidente boliviano Evo Morales a un cuarto mandato.
Los argumentos de Morales para atornillarse en el poder son tan ridículos que serían graciosos si todo esto no estuviera sucediendo en uno de los países más pobres del mundo.
A pesar de que la propia Constitución de 2009 escrita, por Morales, le prohíbe postularse a una nueva reelección cuando termine su actual mandato en 2019, y a pesar de que Morales perdió un referéndum en 2016 que había convocado él mismo para lograr reelegirse, el presidente populista boliviano está intentando postularse para un cuarto período de cinco años.
Y, créanlo o no, su argumento es que sus derechos humanos serían violados si no se le permitiera presentarse.
Los legisladores de su partido, el MAS, recientemente presentaron una petición al Tribunal de Justicia controlado por Morales para declarar la “inconstitucionalidad” de la cláusula constitucional que le prohibía una nueva reelección. La petición dice que la actual Constitución viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que a nadie se le debe negar el derecho a ser elegido.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que el derecho de Morales a un nuevo mandato está consagrado en la Convención, también conocida como el Pacto de San José, que está por encima de la Constitución boliviana, informó el diario boliviano El Mundo el 21 de septiembre. Ferreira agregó que los “derechos humanos” de Morales para volver a postularse también invalidan los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que los bolivianos rechazaron la solicitud del presidente de volver a ser candidato.
Una delegación gubernamental boliviana encabezada por el ministro de Justicia Héctor Arce y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, viajó esta semana a Washington para defender el nuevo plan de reelección de Morales ante la Organización de Estados Americanos.
Morales, que ya había cambiado la Constitución en 2009 para permitir su reelección en ese momento, ahora se compara con la canciller alemana Angela Merkel. La jefa de estado alemana fue recientemente reelegida para un cuarto mandato.
Si Merkel fue reelegida cuatro veces, ¿Por qué no puedo hacerlo yo?, dice Morales. En un tuit del 24 de septiembre, Morales felicitó a Merkel por su reelección y escribió: “La reelección garantiza la continuidad de los proyectos a mediano y largo plazo”.
Pero Morales está lejos de ser Angela Merkel. Merkel es la jefa de estado de una democracia parlamentaria, que puede ser despedida por el parlamento en cualquier momento. Morales encabeza un sistema presidencialista, en que el presidente, especialmente desde que asumió el cargo en 2006, tiene poderes casi absolutos.
A diferencia de Morales, Merkel no hace construir museos sobre sí misma. Morales recientemente inauguró un museo de $ 7.1 millones de dólares para glorificar la historia de su vida, con una estatua de tamaño natural de sí mismo, en su pueblo natal de Orinoca. No es sorprendente que muchos bolivianos lo llamen “Ego” Morales.
A diferencia de Morales, Merkel no defiende dictaduras. Morales es un aliado incondicional de Venezuela, Cuba e Irán.
A diferencia de Morales, Merkel no ha exiliado a sus rivales políticos, ni hostiga a los medios independientes ni a grupos de derechos humanos.
Hasta ahora, Morales se ha protegido de las críticas internacionales invocando su ascendencia indígena, y mostrándose como una víctima de la discriminación racial. Cuando lo entrevisté hace muchos años y le pregunté si no había exagerado al decir que “la Cultura de Occidente es la Cultura de la muerte”, desvió la pregunta diciendo que quienes lo criticaban eran racistas.
Pero después de casi 12 años en el cargo y una larga lista de abusos de poder, el nuevo intento de Morales de cambiar una vez más su Constitución e invalidar el referéndum de 2016 merece una condena internacional. Su intento de violar el estado de derecho es una vergüenza, y su argumento de que lo hace en nombre de sus derechos humanos es un insulto a la inteligencia.
