Por Andrés Oppenheimer
Hay una buena razón por la cual Venezuela y otros países latinoamericanos figuran muy alto en los rankings mundiales de la corrupción: en muchos de nuestros países hay tanta burocracia, que muchos niños crecen sabiendo que tienen que pagar “una ayudita” para acelerar casi cualquier trámite.
Eso fue lo primero que pensé cuando leí un nuevo informe del Banco Mundial según el cual América Latina es en muchos aspectos la región más burocrática del mundo. El informe, titulado “Haciendo Negocios 2018”, analiza la cantidad de procedimientos legales que la gente tiene que hacer en todo el mundo para iniciar un negocio, solicitar un permiso de construcción o registrar una propiedad. Sus resultados son asombrosos.
Para iniciar una nueva empresa, ya sea una gran fábrica o un pequeño comercio, los países de América Latina y el Caribe requieren un promedio de 8.4 procedimientos legales, más que en cualquier otra región del mundo. En comparación, en el África Subsahariana, el promedio es de 7.6 procedimientos, y en los Estados Unidos y los países europeos de altos ingresos es de 4.9 procedimientos.
Pero las cifras son aún más sorprendentes cuando se comparan países específicos. Mientras que en Venezuela hay que hacer 20 procedimientos legales para iniciar una empresa, y hacer cola en diferentes lugares para completar cada uno de ellos, en Argentina 13, en Brasil 11 y en México 8, en Canadá se necesitan sólo dos procedimientos, y en Nueva Zelanda uno.
Medido en días, los procedimientos legales para iniciar una empresa toman 230 días en Venezuela, 79 en Brasil, 24 en Argentina, 17 en México y 7 en Chile. En comparación, sólo toman un día y medio en Canadá y medio día en Nueva Zelanda.
Otro ejemplo citado en el estudio es de cuántos días se necesitan en cada país para obtener un permiso de construcción: son 434 días en Venezuela y Brasil, 347 días en Argentina, 322 días en Bolivia, 205 días en Guatemala, 188 días en Perú, 132 días en Colombia y 82 días en México. En comparación, se requieren 80 días en Estados Unidos y 54 días en Singapur.
Esta es una de las principales razones por las cuales, según el ranking anual de corrupción de Transparencia Internacional, varios países de América Latina están entre los más corruptos del mundo. Dado que pocas personas tienen el tiempo para cumplir con la “permisología” requirida por el gobierno, muchos sobornan a un empleado público para que acelere el trámite, o hacen las cosas sin permisos legales.
Esa es una de las razones por las que tantos edificios y casas colapsaron durante el reciente terremoto en México, y en el terremoto de 2010 en Haití. Muchas casas derrumbadas estaban construidas sin permiso, y sin seguir reglas de seguridad, debido a requisitos legales difíciles de cumplir.
Además, la “permisología” es uno de los motivos claves de la enorme economía informal. Como ya lo dijo el economista peruano Hernando de Soto en la década de 1980, mucha gente opera en la economía subterránea porque la burocracia desmedida y los sobornos que la acompañan hacen que les sea casi imposible operar en la legalidad.
¿A qué se debe tanta “permisología” en Latinoamérica? Entre otras razones, a que gobiernos populistas han dado empleos públicos a millones de personas por razones políticas, y necesitaban encontrarles algo que hacer. Entonces, inventaron nuevos requisitos burocráticos y designaron inspectores y oficinistas para hacerlos cumplir.
Y cuando llegaron al poder gobiernos responsables, en muchos casos fueron reacios a despedir o transferir empleados públicos, por miedo a protestas sociales. Pasaron los años, y las burocracias crecieron a niveles ridículos.
Cuando le pregunté qué se puede hacer para reducir la burocracia y la corrupción en América Latina, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, me dijo: “Tres cosas: tecnología, tecnología y tecnología”.
Estoy de acuerdo. Hacer gran parte de todos estos trámites en línea, al menos para el 62 por ciento de los latinoamericanos que tienen acceso a Internet, ayudaría enormemente a ahorrar tiempo, reducir la necesidad de sobornar a empleados públicos, y sacaría a muchas personas de la economía informal. Es una decisión política, que se puede resolver con más tecnología.
