Por Andrés Oppenheimer
Mientras el régimen de Venezuela y la oposición se preparan para una posible nueva ronda de negociaciones el 1 de diciembre sobre las condiciones para realizar elecciones presidenciales creíbles en 2018, hay razones para temer una estampida migratoria de venezolanos que puede afectar a toda América Latina.
A menos que las democracias occidentales intensifiquen sus sanciones diplomáticas y financieras contra la dictadura de Nicolás Maduro en las próximas semanas, habrá un éxodo masivo de venezolanos, mayor que el actual. Funcionarios estadounidenses y latinoamericanos temen una situación parecida a la de Siria, en la que millones de venezolanos más huirán a otros países latinoamericanos, al igual que refugiados sirios que han inundado Europa.
Muchos venezolanos no verán otra alternativa que emigrar.
El primer motivo es que la oposición está dividida y desmoralizada después de las elecciones fraudulentas del 15 de octubre, mientras la crisis económica empeora cada minuto.
Varios candidatos de la oposición traicionaron a la coalición opositora MUD después de ganar sus gobernaciones, dividiendo a la oposición. Eso ha a dejado a los críticos de Maduro, que según las encuestas son el 80 por ciento de la población, más desmoralizados que nunca en los últimos tiempos.
Más de 2 millones de venezolanos ya abandonaron el país desde que el chavismo subió al poder en 1999. Eurasia Group, una consultora de riesgo político, estima que hay 1.2 millones de venezolanos en Colombia, casi 1 millón en Brasil y 600,000 en Panamá, lo que ya es más de la mitad de los refugiados de Siria.
Aunque estas cifras me suenan un tanto altas, varios presidentes latinoamericanos me han dicho que están viendo cada vez más venezolanos llegar a sus países. Incluso en Argentina, uno de los países más alejados de Venezuela en Sudámerica, el presidente Mauricio Macri me dijo en una entrevista reciente que su país está recibiendo entre 300 y 1,000 venezolanos por mes, la mayoría de ellos profesionales y personas de clase media.
Maduro, por supuesto, no podría estar más feliz con todo esto. Si la fuga de profesionales venezolanos se acelera porque el régimen venezolano sigue negándose a celebrar elecciones libres y justas, Maduro podrá deshacerse de toda la clase empresarial y profesional venezolana.
Como pasó en Cuba, se quedará con una enorme masa de gente empobrecida que depende de la comida racionada por el estado y, por lo tanto son sujetos fáciles de control político.
La segunda razón por la que Maduro puede fortalecerse si no aumenta la presión internacional es, irónicamente, la bancarrota de Venezuela. En los últimos días, el régimen de Maduro ya comenzó a incumplir algunos de los pagos externos de Venezuela.
Si se trata de un movimiento en cámara lenta hacia un incumplimiento total, como muchos sospechamos, Maduro dejará de pagar a sus acreedores y podrá usar los 9 mil millones de dólares en pagos que vencen en 2018 para pagar importaciones de alimentos y medicinas. Eso, junto con las reglas electorales diseñadas para favorecer a los candidatos del gobierno, lo ayudaría a crear la ilusión temporal de una recuperación económica, justo antes de las elecciones presidenciales del año próximo.
Un tercer factor importante que puede jugar a favor de Maduro es que la actual coalición latinoamericana que pide el retorno de la democracia en Venezuela podría no durar mucho. Si el presidente Trump es tan miope como para retirarse del acuerdo de libre comercio con México y Canadá, México tendrá pocos incentivos para seguir liderando las presiones conjuntas de América Latina sobre Maduro.
Y si el candidato populista de centro izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones presidenciales de julio de 2018, México casi seguramente abandonaría sus críticas a Maduro.
Por todas estas razones, América Latina debería lo antes posible presionar a Maduro congelando los fondos de funcionarios venezolanos y revocando sus visas y las de sus familiares, hasta que Venezuela permita que las elecciones presidenciales de 2018 se realicen con un tribunal electoral independiente, observadores internacionales creíbles y sin prohibir la participación de líderes opositores.
Si los países latinoamericanos no toman la iniciativa, la crisis venezolana se agravará, y pronto enfrentarán una crisis de refugiados mayor a la que ya existe.
