Maribel Hastings y David Torres
Durante décadas pasadas y en años recientes el tema de la reforma migratoria se ha convertido en una especie de trámite en los discursos del Estado de la Unión. El martes en la noche el presidente Joe Biden, en su segundo discurso sobre la situación del país, pidió a los republicanos hacer del tema uno bipartidista como en el pasado.
Y presagiando que será una tarea imposible, agregó: “Si no aprueban mi reforma migratoria amplia, por lo menos aprueben mi plan para proveer el equipo y los agentes para asegurar la frontera. Y una vía a la ciudadanía para los Dreamers, quienes tienen estatus temporal, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales”. Pero la referencia al tema migratorio fue brevísima y bastante des-angelada.
Los demócratas siguen hablando de que dicha reforma es urgente, justa y necesaria; y los republicanos siguen diciendo que sin fronteras controladas no hay reforma. Y, al final, nada pasa.
Pero en ese “nada pasa” se encuentran estancadas las vidas de millones de personas que con su fuerza de trabajo son el motor de cientos de comunidades alrededor del país, manteniendo a flote escuelas, comercios y hospitales, además de garantizar el relevo demográfico generacional que requiere este país de inmigrantes.
Ciertamente no hay que obviar las razones de ese estancamiento, ni de que han sido los republicanos el obstáculo central para el avance de dicha reforma. Pero eso tampoco justifica la inacción o la falta de voluntad para invertir capital político en algún progreso.
Anoche, como en ocasiones previas, en el discurso no faltaron los simbolismos como la beneficiaria de DACA y activista de West Chester, Pennsylvania, Mitzi Colín López, invitada por la primera dama, Jill Biden. Se trata de que los estadounidenses vean el rostro de quienes se beneficiarían de la escurridiza legalización. En oportunidades previas los republicanos también han echado mano de simbolismos, pero antiinmigrantes, como invitar a quienes han perdido un familiar a manos de algún indocumentado, como si la violencia fuera algo exclusivo de quienes no tienen documentos.
Es decir, a estas alturas los simbolismos ya deberían dar paso a acciones concretas en materia migratoria, pues esa película es bastante conocida, sobre todo por quienes están directamente afectados y necesitan una respuesta que les permita gozar a plenitud del país que han elegido como hogar, para ellos y para sus familias.
Lamentablemente, la realidad no es muy alentadora. Los republicanos controlan la Cámara Baja y su agenda se centra en propagar teorías conspirativas promovidas por nacionalistas blancos de que estamos siendo “invadidos” y que la frontera con México está “fuera de control”, o de que los liberales quieren “reemplazar” a los anglosajones con minorías para acaparar el poder político.
De hecho, uno de sus principales objetivos es destituir al Secretario de Seguridad Nacional (DHS), el cubano-americano Alejandro Mayorkas. Y aunque sondeo tras sondeo, como el más reciente de NBC, concluyen que la mayoría de los estadounidenses apoyan la legalización de los indocumentados que viven entre nosotros y que son parte intrínseca y vital de nuestra economía, los republicanos solamente quieren atizar a su base MAGA con peligrosas teorías de invasión y de reemplazo. Es decir, a Mayorkas lo quieren enjuiciar no por los problemas en la frontera —que han existido siempre—, sino porque el funcionario es un inmigrante, y en la cabeza de los republicanos más extremistas no cabe la idea de un inmigrante latinoamericano al frente de una de las instituciones oficiales más importantes de todo gabinete.
A eso hay que sumar que ya todos están en campaña con miras a las elecciones generales de 2024, y que hay temas que los políticos tildan de “incómodos”. La inmigración no ha sido la excepción.
Biden está entre la espada y la pared. Por un lado, la mayor parte de los asuntos que intenta resolver mediante acciones administrativas y ejecutivas está trabada en los tribunales, como el caso del Título 42. Entretanto, las políticas que ha implementado no han caído bien entre muchos sectores pro inmigrantes por considerar que son una extensión de las nefastas políticas de su anti-inmigrante antecesor, Donald Trump. El recién anunciado programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua y que pretende controlar el flujo de migrantes en busca de asilo, ha tenido el efecto de reducir los cruces sin documentos en 97%, pero ya 20 estados gobernados por republicanos quieren frenarlo en los tribunales.
Eso demuestra, una vez más, que los republicanos no van a cejar en su esfuerzo de echar por tierra todo proyecto que beneficie a los inmigrantes, a pesar de que funcione. O quizá precisamente porque funcionan es que se oponen a ellos. Tal parece que la división es su objetivo, no ser opositores simplemente.
Biden no es un neófito en temas migratorios tras casi cuatro décadas en el Congreso y ocho años como vicepresidente de Barack Obama, quien prometió una reforma que tampoco se concretó; y aunque presionado creó DACA, al sol de hoy sólo beneficia a unas 600 mil personas. Para tantos años que han pasado, el resultado ahora, con una nueva realidad y diferentes retos para los Dreamers, tiene sabor a poco.
Los simbolismos y las promesas migratorias deben dar paso a acciones. Biden pide colaboración y bipartidismo a un Partido Republicano extremista que sólo quiere hundirlo. Es mejor invertir capital político en lo que pueda lograrse a nivel legislativo, como la legalización de los Dreamers, o a nivel ejecutivo como el TPS para Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Acciones que vayan allanando el terreno para la esquiva reforma.