Maribel Hastings y David Torres
El presidente Joe Biden anunció sus intenciones de buscar la reelección en 2024 a escasos días de que su gobierno ponga fin al Título 42 en la frontera, la medida sanitaria que se invocó en medio de la pandemia del Covid-19 durante el gobierno de Donald Trump, permitiendo la expulsión expedita de migrantes en las fronteras, y que se ha tornado en un arma política que ha minado las leyes de asilo.
No han sido pocas las historias de vida que han sido truncadas por la implementación de esta medida que, más que contener o disuadir la migración, ha creado oleadas de solicitantes de asilo que, a su vez, le han dado un nuevo panorama a la dinámica social de la frontera más transitada del mundo.
En ese contexto, el anuncio de Biden es recordatorio de que nos encontramos ante otra elección presidencial sin que se haya resuelto el tema de la esquiva reforma migratoria. A partir de ahora, entonces, se esperaría que el presidente retomara las promesas de hace cuatro años, no para implementarlas tal cual en sus discursos de campaña, sino para volverlas realidad, ahora sí, en un segundo periodo si logra conservar la Casa Blanca.
El gobierno de Biden, de hecho, enfrenta en las próximas semanas una prueba de fuego sobre cómo manejará los anticipados flujos migratorios que han ido al alza ante la expectativa del fin del Título 42. Cientos de miles de migrantes de diversas partes del mundo, pero en especial de países de este hemisferio como Venezuela, Guatemala, Honduras, Cuba y Haití han atiborrado la frontera con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos.
En estos pasados tres años de implementado el Título 42 las historias de horror han sido la orden del día entre migrantes que han realizado y continúan realizando peligrosas travesías hacia Estados Unidos con niños y hasta con mascotas, enfrentando hambre, abusos de todo tipo, enfermedades, accidentes y la muerte.
Al mismo tiempo, han sido diversas las organizaciones de derechos civiles y de los inmigrantes que han denunciado el atropello a las leyes de asilo, mientras que para los republicanos del Congreso el Título 42 ha sido un arma para debilitar dichas leyes. También lo han empleado para acusar al gobierno de Biden de haber “perdido” el control de la frontera. Ese discurso, que responde sólo a cuestiones partidistas, cae por su propio peso cuando se hace un balance de la larga historia de la frontera y de sus múltiples usos políticos hasta el momento.
Los demócratas, por su parte, están temerosos precisamente ante el impacto político que puedan tener las imágenes de miles de migrantes en la frontera. Temen también que el gobierno de Biden no esté adecuadamente preparado para lidiar con la situación.
El presidente Biden debería utilizar este momento para explicar a los estadounidenses que la falta de una reforma amplia a un sistema migratorio quebrantado es lo que ha provocado la situación que enfrentamos. El Título 42 ha puesto sobre el tapete las ya sabidas deficiencias de las leyes de asilo y de otras que regulan el ingreso de trabajadores e incluso las peticiones de familiares, o los programas que ofrecen protección temporal a migrantes de naciones en guerra, desastres o circunstancias extraordinarias, como el Estatus de Protección Temporal (TPS).
De hecho, ante la realidad de que una reforma migratoria no se lograría en este momento con un obstruccionista y antiinmigrante Partido Republicano controlando la Cámara Baja, Biden debe echar mano de su poder ejecutivo para avanzar medidas que provean alivio migratorio a la mayor cantidad posible de personas. Una de esas sería no sólo extender el TPS a quienes ya son beneficiarios, como ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, sino ampliarlo para sumar migrantes de esos países que llegaron aquí después de la fecha inicial de designación, y reasignarlo para beneficiar a migrantes de otras naciones, como Guatemala.
Esa petición la formularon la presidente y el vicepresidente de la bancada latina del Congreso (CHC), Nanette Barragán y Adriano Espaillat, respectivamente, indicando que “estas nuevas designaciones de TPS pueden ayudar a estabilizar la región al permitir que las familias accedan a recursos vitales a través de las remesas enviadas por sus seres queridos aquí en los Estados Unidos”.
El sistema migratorio es más que inútiles muros y políticas crueles de separación familiar, de detención de familias, de persecución de religiosos y activistas que asistan a migrantes, que es lo que resume al plan migratorio republicano.
Biden debe evitar a toda costa ceder ante esa presión republicana porque hasta el momento muchas de sus decisiones no son del todo diferentes a las de su antecesor, Donald Trump.
Y es precisamente ante posturas antiinmigrantes donde Biden debe aprovechar e implementar medidas pro inmigrantes, a fin de apartarse y diferenciarse de toda esa cauda racista y xenófoba que ha puesto un muro ideológico en la nación haciendo creer a los republicanos —en su mayoría seguidores de Trump— en esa absurda “teoría del reemplazo” por parte de los inmigrantes.
Toda nación tiene derecho a controlar sus fronteras, pero hay formas inhumanas o humanitarias de hacerlo. Este es el momento para que el presidente demuestre que puede haber un balance entre hacer cumplir las leyes y acoger a los migrantes que llegan buscando protecciones que constituyen un derecho humano, además de buscar mecanismos para regularizar a quienes ya están aquí y han contribuido y siguen contribuyendo a nuestra economía y a nuestra fortaleza como nación.
Es el balance que quiere ver la mayoría de los votantes de Estados Unidos, como reveló una reciente encuesta de Global Strategy Group para el Immigration Hub y Voto Latino entre electores de estados competitivos.
Al menos para un sector electoral que ha apoyado a Biden y a los demócratas esperando progreso en materia migratoria, el récord actual del presidente no está en su mejor momento, sobre todo de cara a las elecciones. Y los retos que se aproximan no son sencillos, pero Biden todavía tiene la oportunidad de demostrar que el balance es posible y que la respuesta no es únicamente una serie de medidas punitivas.