Siguiendo el mal ejemplo del ex presidente Donald Trump, el gobierno de Guatemala está objetando los resultados de las elecciones del 25 de junio, que según misiones de observación electoral de Estados Unidos y los 27 países de la Unión Europa fueron perfectamente válidos.
Se trata de una mala noticia para Centroamérica, porque el autoritarismo de izquierda y de derecha parece estar ganando terreno en toda esa región. Nicaragua es ya una dictadura sanguinaria, El Salvador es un estado cada vez más autocrático, y Guatemala -el país más poblado de la región- ya estaba suscitando críticas antes de los últimos acontecimientos por su represión a jueces independientes y el encarcelamiento de un destacado periodista.
El 2 de julio, la Corte Constitucional de Guatemala, que muchos en el país consideran afín al gobierno, suspendió la oficialización de los resultados electorales para permitir un recuento de votos, lo que podría llevar a la suspensión de la segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto.
Diez partidos – incluyendo el partido gobernante Vamos, del presidente Alejandro Gianmattei, y el partido UNE de la ex primera dama Sandra Torres, que obtuvo el primer lugar- habían exigido un recuento de votos.
Los resultados de la primera vuelta habían tomado a todos por sorpresa porque el diputado Bernardo Arévalo obtuvo el segundo lugar, cuando no había figurado entre los favoritos en las encuestas.
Arévalo, que al igual que Torres es de centro-izquierda, es visto por muchos ahora como el posible ganador de una segunda vuelta, porque tiene una imagen más moderada que su rival, y ha prometido castigar la corrupción del gobierno saliente.
Prácticamente todas las grandes democracias occidentales reaccionaron con indignación ante el aparente intento del gobierno guatemalteco y sus aliados de utilizar el sistema judicial para anular el resultado electoral.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que alterar el resultado de la votación guatemalteca sería una “grave amenaza para la democracia con consecuencias de largo alcance”.
La Unión Europea, de 27 países, que tenía una misión de observación electoral en Guatemala, pidió a las instituciones del país que respeten la “voluntad claramente manifestada del pueblo”.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que también tiene una misión de observación electoral en Guatemala, emitió una declaración en que pide al gobierno guatemalteco respetar “la integridad del proceso electoral”.
Las democracias latinoamericanas, en cambio, tardaron mucho más en reaccionar.
Juan Pappier, experto en América Latina del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, hizo notar en su cuenta de Twitter el 3 de julio que el secretario general de la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos han emitido declaraciones sobre los intentos de violar la voluntad popular en Guatemala. “¿Y los gobiernos de América latina?”, preguntó.
Igualmente sorprendente -o quizá no tanto- es el silencio de legisladores republicanos estadounidenses como el senador Marco Rubio, que normalmente alzan la voz de inmediato cuando presidentes izquierdistas abusan de sus poderes.
Incluso las principales asociaciones empresariales de Guatemala, la mayoría de cuyos miembros suelen simpatizar con candidatos de centro-derecha, han emitido declaraciones de apoyo a los resultados electorales.
La principal cámara de Industrias, CACIF, emitió una declaración pidiendo “estricto apego” al proceso democrático.
Julio Ligorria, ex embajador de Guatemala en Washington, me dijo que “teniendo en cuenta que ambos candidatos presidenciales que han llegado a la segunda vuelta son de izquierda, el compromiso con la democracia por parte de la clase empresarial guatemalteca ha sido impecable”.
Incluso antes de los últimos acontecimientos, los tribunales guatemaltecos habían proscrito a varios aspirantes presidenciales.
Y uno de los periodistas independientes más conocidos de Guatemala, José Rubén Zamora, fue condenado a seis años de cárcel por cargos que los grupos de defensa de la libertad de prensa consideran muy cuestionables.
Es cierto que, en Guatemala y en todas partes, los inconformes con los resultados electorales tienen derecho a exigir un recuento de votos si demuestran pruebas de irregularidades masivas.
Pero si no hay tales pruebas, como parece ser el caso en Guatemala, no están ejerciendo sus derechos democráticos, sino tratando de dar un golpe de estado. Entonces, Estados Unidos y Europa han hecho bien en denunciarlo.