Lo que parecía una amenaza contundente para el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante el planteamiento de un desafuero en la Cámara de Diputados Federal, se convirtió en una serie de reacciones y contrareacciones jurídicas, valga la expresión, que hasta el momento le permiten al mandatario tamaulipeco mantenerse en el puesto, por una parte y, por la otra, dividir a nivel nacional la opinión de juristas y ciudadanos en cuanto a si debe permanecer gobernando o no Cabeza de Vaca, si goza de fuero o no y si la controversia es más política que legal.
Como se sabe, tras la decisión de la Cámara Baja, de mayoría morenista, de despojarlo del fuero como gobernador, para juzgarlo por el delito de evasión fiscal, la Cámara de Diputado de Tamaulipas se opuso a homologar la decisión, reconociendo fuero y cargo a su mandatario estatal y planteando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
Esa fue la primer acción de una resistencia que se ha prolongado a lo largo de varias semanas, en la que han intervenido un ministro de la corte que desechó una controversia constitucional y validó, así fue entendido por el Congreso local, la decisión de mantener el fuero de Cabeza de Vaca. En respuesta, un juez giró una supuesta orden de aprehensión contra el gobernador y, a su vez, el Congreso local promovió otra controversia constitucional ahora contra el juez que dictó la orden de aprehensión, mientras, en otro sentido, la Fiscalía Federal hizo valer un recurso de reclamación al ministro de la Corte que desechó la inicial controversia constitucional donde el promovente fue el congreso de Tamaulipas.
Pero abundando en esta contienda, en una de las recientes mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio lectura a un documento en el que supuestamente autoridades estadounidenses realizan investigaciones de actividades de Cabeza de Vaca, sus familiares y empresa, que supuestamente tienen nexos con el mandatario estatal.
Ha expresado el mandatario nacional que debe eliminarse la ambigüedad que existe legalmente en torno al desafuero del gobernador y, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte, expresó que existe “una laguna en la ley”, esto con referencia al Artículo 111 de la Constitución que habla de las facultades de los congresos Federal y Estatal en el caso de desafuero.
Hasta aquí y por lo pronto la serie de acciones, en forma muy breve y seguramente incompleta, de diversas dependencias federales en contra del mandatario estatal a las que se ha ofrecido la correspondiente contra réplica por parte del legislativo tamaulipeco y de la fiscalía estatal.
Lo que sigue es impredecible; cuando parece que hay ya una decisión que parece irrefutable, surge una acción de la parte contraria, federal o estatal, que denota la capacidad de argumentación jurídica de ambas partes, no necesariamente exitosa y acertada, pero que dan continuidad a lo que pasará a la historia como un caso único, el intento de desafuero total de un gobernador estatal.
Sin embargo, no debe dejar de reconocerse que, es evidente, se han puesto al servicio de la embestida contra Cabeza de Vaca todos los recursos legales o legaloides disponibles de parte de diferentes dependencias federales que no excluyen a ninguno de los poderes, contra un gobernante de un estado donde la institución legislativa local, en forma inclusive creativa, ha ofrecido hasta ahora una efectiva resistencia, donde, desde luego, no se discute la culpabilidad o inocencia por el delito o delitos que se le imputen al gobernador que, si mantienen su posición los legisladores locales, deberá ser juzgado una vez que concluya su mandato en 2022.
Todo, bien lo sabemos, en medio de una muy disputada contienda electoral.
Qué sigue y contra quién van ahora, de una u otra parte, es algo que ya no causa sorpresa, sino que es esperado como un capítulo más de esta histórica contienda.