El tema de la pandemia tiene su efecto en prácticamente todas las actividades que se realizan. No es necesario aclarar ni poner ejemplos de los cambios que en los últimos meses se han producido en casi todas las labores de la humanidad. Eso es evidente y se confronta en el día a día.
La política y la administración pública, claro, no son la excepción.
De ser un tema que tuvo el menosprecio en el inicio de su manifestación como enfermedad e, inclusive, de negación a la amenaza de su intensa propagación, ha tenido que ir captando la atención de los gobernantes.
Situación conocida y ejemplificante la actitud asumida al principio de la manifestación del Covid 19 por parte de los presidentes de los Estados Unidos y México, quienes trataron de minimizar la amenaza que el virus representaba como si aceptar la inminencia de su propagación fuera una acción de reprobación a su gobierno y no un riesgo contra el que se debería actuar lo antes posible para evitar consecuencias mayores.
Hasta la fecha es notoria la resistencia a utilizar una máscara por parte de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Cierto, ellos cuentan con los recursos para practicarse cuantas pruebas consideren necesarias para estar seguros de no estar infectados, pero sin duda el ejemplo de los gobernantes contribuye en gran medida a que la población adopte las medidas de higiene y seguridad necesarias para, si no frenar completamente los estragos de la pandemia, sí disminuirlos en lo posible.
Pero uno de los aspectos preocupantes de la pandemia es que no se ha logrado encontrar una vacuna probada y efectiva que permita poner a salvo a millones de seres en el planeta. No es falta de científicos o recursos para intentar conseguirlo, sino que su elaboración está sujeta a una serie de fases que permiten ofrecer la prevención de la enfermedad en forma segura.
Es decir, hay etapas que llevan tiempo y que no pueden ser, de acuerdo con los criterios científicos, aceleradas básicamente por dos razones primordiales: que la vacuna permita efectivamente evitar el contagio, pero, además, que su utilización no tenga efectos adversos imprevistos en la población inmunizada.
Por eso la necesidad de contar con miles de voluntarios a quienes se les aplica y, bajo la debida supervisión médica, se da seguimiento a los efectos de la vacuna experimental.
Son numerosos los laboratorios que se encuentran en proceso de desarrollo de la misma que han contado ya con el respaldo y patrocinio de gobiernos e instituciones no gubernamentales.
Pero esa labor, que pudiera entenderse estrictamente como científica ha sido captada también, en caso de lograrse una vacuna, como un acto meritorio del gobierno que propicia, lo cual es su obligación, que se logre el éxito.
Así, se ha incluido dentro del discurso político tanto en México como en los Estados Unidos la posibilidad de que los resultados de investigaciones de prestigiados laboratorios permitan brindar la inmunidad al temible virus y que esto se vea como un logro del gobernante en turno.
Así, en reiteradas ocasiones Donald Trump ha expresado que se podría contar con una vacuna antes de finalizar el año y se ha sugerido que bien podría iniciar una distribución el día primero de noviembre. Sí señor, justamente dos días antes de unas polarizadas elecciones donde se juega su reelección.
Por su parte en México, ante una crítica elección del próximo año, en junio precisamente, el presidente López Obrador ha expresado ya la posibilidad de contar con una vacuna a principio del 2021.
Independientemente de que no basta con producirla, sino que hay que distribuirla y aplicarla a millones de personas, el lograr contar con la fórmula indicada para inmunizar a la población se ha tomado ya por parte de los gobernantes no sólo de la Unión Americana o del territorio mexicano, sino de otras latitudes, como algo que les va a contribuir a su imagen que, desde luego, se traduce en aprobación y votos.
Así, la vacuna clínica se puede convertir también en una especie de vacuna política, cuando menos eso parece que creen algunos políticos.