Miami, (EFE).- Florida, el tercer estado con más inmigrantes de Estados Unidos, se ha convertido en el que más agresivamente persigue a sus indocumentados, gracias a las presiones del gobernador Ron DeSantis, lo que ha llevado a ciudades de mayoría latina, como Orlando y Doral, a autorizar a su policía a participar en labores migratorias.
En el Doral, parte de la gran Miami donde un 70,7 % de los residentes son inmigrantes y un 48 % de la población es de origen venezolano, el Concejo municipal tiene previsto este miércoles aprobar que su policía colabore con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a pesar del rechazo de grupos vecinales y activistas de derechos humanos.
“Es una traición más”, afirmó a EFE Susana Ríos, una venezolana de 57 años, quien está ahora bajo una protección migratoria temporal conocida como TPS, cuya extensión fue negada por la Casa Blanca y ahora se litiga en las cortes.
Por su parte, José González, un inmigrante de 21 años, se declaró “desamparado”. No salen de su mente las imágenes de los venezolanos deportados sin derecho procesal a El Salvador. “Estamos todos en peligro”, indicó.
El mismo temor se ha apoderado de los indocumentados de Orlando, una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos gracias a ser sede de los parques temáticos de Disney y Universal Studios y donde un 36 % de la población es hispana.
El Ayuntamiento de esa ciudad autorizó que a partir de esta semana ICE entrene a sus policías mediante el acuerdo 287(g), que facilita la colaboración de las autoridades con las federales.
Ningún otro gobernador ha impulsado con más fuerza que DeSantis la colaboración con el Gobierno Trump en su plan de deportaciones masivas. El republicano aprobó leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e impone multas de hasta 5.000 dólares y suspender o destituir a los funcionarios que no cumplan con estas disposiciones.
Como resultado, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados en Florida han firmado acuerdos 287(g), además de varias decenas de ciudades, como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West y ahora Orlando y Doral.
Algunas de las universidades públicas más importantes del estado, como la Florida International University (FIU), la Florida University (UF) y la Florida Atlantic University (FAU), también se han sumado.
Las autoridades locales insisten en que la colaboración con ICE se centrará en individuos con antecedentes penales y que se respetarán los derechos de todos los residentes.
“La comunidad debe entender que ya Miami-Dade (el condado que abarca todas las ciudades dentro del gran Miami) hicieron el acuerdo. La gente transita por todas partes, no se quedan en una ciudad. Estamos tratando de apoyarlos y cuidarlos a todos”, dijo a EFE el concejal Rafael Pineyro, el único venezolano en el gobierno de Doral.
Bajo el acuerdo, la policía local tendrá acceso a la información de ICE, lo que permitirá que los agentes verifiquen si las personas tienen orden de deportación.
La policía también cuestionará a los conductores por la licencia de conducir. “Si es porque no tienen documentos para ser residente legal no deberían estar manejando”, subrayó Pineyro, que achacó a las personas que conducen sin licencia el aumento de los precios de los seguros automovilísticos.
“No me puedo imaginar la desconfianza que va a generar entre la comunidad y la policía este acuerdo”, dijo a EFE Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolanoamericano.
Presión creciente
La presión que ejerce el gobierno DeSantis ha quedado clara para las autoridades locales. Esta semana el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, recibió una carta del fiscal de Florida, James Uthmeier, en la que lo amenazaba con la destitución si no dejaba que sus policías fueran usados para perseguir inmigrantes.
A finales de marzo, el concejo municipal de la ciudad de Fort Myers tuvo que rescindir su voto unánime en contra de un acuerdo con ICE, tras amenazas similares.
Además, el 14 de marzo, el director de inmigración de Florida, Larry Keefe, anunció la creación del Panel de Responsabilidad de las Fuerzas del Orden (LEAD, en inglés).
Esta herramienta permite a oficiales y ciudadanos denunciar de forma anónima a las agencias que no cumplan con las leyes de inmigración del estado.