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Monday, April 29, 2024
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Acuerdo de $6.6 millones por daños a recursos naturales por incendio de Deer Park

El Procurador General de Texas, Ken Paxton, anunció que el Estado de Texas y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo para recuperar los daños a los recursos naturales causados por el incendio de marzo de 2019 en las instalaciones de Deer Park, propiedad de International Terminals Company, LLC (ITC).

ITC ha acordado pagar más de $6.6 millones a los Fideicomisarios de Recursos Naturales estatales y federales para resolver reclamos por daños a los recursos naturales bajo la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, CERCLA) por emisiones de productos químicos peligrosos de las instalaciones de la terminal de ITC en Deer Park, Condado de Harris, Texas.

Lo anterior fue informado mediante un comunicado oficial de la  Procuraduría de Texas.

“Me complace que hayamos podido asegurar este acuerdo por daños a los recursos naturales después de la grave destrucción causada por el incendio en Deer Park. Este incendio duró tres días, arrojando sustancias químicas peligrosas a nuestro aire, agua y tierra”, dijo el Procurador General Paxton. “La acción legal ambiental de Texas contra ITC aún está pendiente. Todas las empresas que operan en nuestro estado deben tomar la máxima precaución para evitar que cualquier desastre de este tipo dañe a nuestros ciudadanos y nuestro medio ambiente”.

El Estado de Texas y los Estados Unidos presentaron simultáneamente una demanda civil junto con un decreto de consentimiento propuesto. La demanda busca daños monetarios y costos bajo CERCLA por daños a los recursos naturales resultantes del incendio de marzo de 2019 en las instalaciones de ITC en Deer Park.

El incendio provocó la liberación de cientos de miles de barriles de productos petroquímicos y agua y espuma contra incendios en Tucker Bayou y las vías fluviales circundantes, incluido el Canal de Navegación de Houston.

Los Fideicomisarios de Recursos Naturales determinaron que las sustancias peligrosas liberadas por las instalaciones del ITC causaron un impacto significativo y daños a los recursos ecológicos y los hábitats, incluidas las marismas y las zonas ribereñas, así como a las aves. Las liberaciones al aire y al agua también resultaron en la pérdida de oportunidades recreativas en el área de Deer Park, incluyendo cierres temporales de múltiples parques costeros y el Lynchburg Ferry, así como la cancelación de una recreación histórica anual en el Parque Estatal San Jacinto.

Bajo el decreto de consentimiento propuesto, la ITC ha acordado pagar $6,645,000 para compensar al público por los daños causados a los recursos naturales y los costes de las agencias. Los fideicomisarios, trabajando con el público, utilizarán el pago en efectivo para implementar proyectos de restauración de recursos naturales para abordar los daños ecológicos y proyectos de uso recreativo destinados a abordar los impactos en el uso humano. Anteriormente, ITC pagó alrededor de $1 millón para reembolsar a los fideicomisarios federales y estatales por sus costos de evaluación anteriores.

La acción fue presentada por la Procuraduría General de Texas y el Departamento de Justicia en nombre de los fideicomisarios federales y estatales de recursos naturales. Los fideicomisarios estatales designados para los recursos naturales afectados por las emisiones de las instalaciones de ITC son la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y la Oficina General de Tierras de Texas. Los fideicomisarios federales son el Departamento del Interior de los Estados Unidos, a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los fideicomisarios estatales y federales trabajaron con ITC para realizar la evaluación de daños. Los fideicomisarios continuarán trabajando juntos para desarrollar y adoptar un plan de restauración.

 La Procuraduría General de Texas está solicitando comentarios públicos sobre el acuerdo por un período de 30 días a partir de la publicación de un aviso del acuerdo, que aparecerá en el Registro de Texas (Texas Register).

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