Ha transcurrido el primer mes del presente 2020. Pasadas las mayores festividades que suelen acontecer en el ocaso de un año y el inicio de otro, los residentes fronterizos, de ambos lados de la frontera, confrontan ya algunos de los efectos, sobre todo en el lado mexicano, de lo que serán grandes problemas a lo largo del año.
En principio, la composición demográfica ha cambiado notoriamente. Especialistas en migración, profesionistas, empresarios y empleados con los que hemos tenido oportunidad de dialogar, coinciden en que, si bien la frontera, especialmente la de Tamaulipas, ha sido receptora de migración del interior del país, desde hace muy poco tiempo, el ofrecimiento inicial del actual gobierno mexicano de dar hospitalidad a todos los migrantes extranjeros, pero en especial a los centroamericanos, ha causado una serie de efectos no previstos.
Para permanecer en territorio nacional y transitar con el fin de llegar a los Estados Unidos, personas con nacionalidades de todos los continentes llegaron por miles, en pequeños grupos, pero también en caravanas. Lo anterior dio como resultado que en el lado estadounidense se efectuara un número récord de aprehensiones de migrantes que en aras de lograr el “sueño americano” prácticamente se entregaban a la Patrulla Fronteriza para que, previo proceso de registro, fueran liberados a disposición los jueces, que dada la gran cantidad de casos que tenían que atender, estaban imposibilitados para resolver en forma rápida el estatus o estancia de los indocumentados.
Para dar una idea del volumen de migrantes detenidos, tan sólo en el Valle de Texas, área fronteriza que abarca de Roma a Ia Isla del Padre, vecinos de Miguel Alemán y Matamoros en el lado mexicano, respectivamente, se detenían en promedio más de mil personas al día sin documentos que acreditaran su legal estancia en la Unión Americana.
La situación llegó a tal extremo que el presidente Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles especiales a sus productos si el flujo de migrantes multinacional no era frenado por ese país.
México, presionado, accedió a la “petición” de impedir el paso de extranjeros con rumbo a los Estados Unidos por su territorio y a retener a los que hubiesen logrado cruzar en la frontera mexicana, en tanto los jueces que ventilaban sus casos determinaban si eran aceptados como asilados.
Cambió por completo su política manifiesta inicial.
Como consecuencia, campamentos de migrantes se formaron cerca de los puentes internacionales, principalmente en Matamoros, ante la insuficiente capacidad para albergarlos en los centros de atención a migrantes de organizaciones caritativas o religiosas.
Si a esto se agrega que el fondo de asistencia a migrantes que proporcionaba el Gobierno Federal a los estados fue suspendido, la consecuencia no podía ser más que se produjera una crisis humanitaria y un cambio en la composición demográfica por la presencia de migrantes de diversas nacionalidades que permanecen en la frontera, algunos de ellos ciertamente aceptando un ofrecimiento de trabajo, pero muchos de ellos esperando, sin incorporarse a la fuerza laboral, confiando en que serán aceptadas sus solicitudes de asilo.
El sistema DIF de Tamaulipas, organizaciones religiosas e instituciones civiles no gubernamentales han contribuido para que muchos de los deportados o los retornados en espera de asilo reciban ayuda durante su estancia en las ciudades fronterizas tamaulipecas.
Un congresista estadounidense fronterizo expresó en conferencia de prensa hace unos días que solamente el 12 por ciento de quienes solicitan asilo logran obtenerlo.
En menor número que el año anterior siguen llegando hasta el sur de Texas migrantes en busca de asilo, quienes, desde luego, pasarán a formar parte de un creciente número de personas que esperan en el lado mexicano la aceptación o rechazo del anhelado asilo por parte de las autoridades estadounidenses.
Eso da una idea, no de la crisis que se confronta, sino de la que se avecina.
