México, (EFE).- Rosario Robles, dos veces ministra en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cumplió el jueves un año en prisión preventiva por el caso de desvío de fondos públicos conocido como La Estafa Maestra, si bien presentó un amparo que podría dejarla libre en octubre.
“Rosario Robles debería estar libre en menos de 45 días, dos meses a lo máximo, que es lo que se tarda en resolver un amparo de esta naturaleza”, explicó este jueves su abogado, Epigmenio Mendieta, en entrevista con Radio Fórmula.
Si se resuelve favorablemente este amparo contra la prisión preventiva admitido el 4 de agosto, Robles “podrá enfrentar su proceso en libertad”, en el que está acusada de permitir el desvío de fondos por 5.000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma.
La que fuera secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) compareció el 13 de agosto de 2019 ante el juez Jesús Delgadillo Padierna, quien a petición de la Fiscalía la mandó a prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla de la capital mexicana.
El juez justificó esta medida cautelar por el supuesto riesgo de fuga al detectar que Robles posee una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al que declaró como su vivienda.
“Se me acusa de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Se me juzga por quién soy y no por lo que supuestamente hice”, expresó este jueves Robles a través de una carta publicada en Twitter.
La también exjefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) aseguró que hay “toda una maquinaria” para denostarla “con una saña que es proporcional al miedo y al odio” que, dijo, le tienen.
En la misma línea, su abogado dijo que “el encarcelamiento fue completamente arbitrario” y recordó que el juez fue señalado por su parentesco con la diputada Dolores Padierna, quien dijo ser “enemiga política” de Robles, según el abogado.
Agregó que Robles está “delgada y enferma” y que “no quiere estar olvidada en la cárcel”.
DIFERENCIAS CON EL EXDIRECTOR DE PEMEX
La prisión preventiva de Robles contrasta con el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya (2012-2016), quien fue extraditado desde España el pasado 17 de julio y afronta en libertad las acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht y haber participado en la compra irregular de una planta de fertilizantes.
“A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad”, reprochó Robles en su carta.
El fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, justificó este miércoles que Lozoya reciba “beneficios procesales” a cambio de destapar las tramas de corrupción de la administración de Peña Nieto.
Gertz Manero dijo que Lozoya “está haciendo una oferta formal” de colaboración y presentó una denuncia contra Peña Nieto por los sobornos de Odebrecht, mientras que Robles no está siendo “solidaria” con la justicia.
Además, de acuerdo con el fiscal, el caso de Robles es más grave que el de Lozoya, puesto que el primero supondría un daño patrimonial de 15.000 millones de pesos (675 millones de dólares) y el segundo de 400 millones de pesos (18 millones de dólares).
“La jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa llamada Estafa Maestra”, reivindicó.
El abogado de Robles dijo que las palabras de Gertz Manero demuestran que lo que busca la Fiscalía es “dejar de investigar” y “simplemente buscar a delatores para inculpar a otras personas”.
“Ella no tiene a quién más acusar y a quién más delatar, de una tarea que simple y sencillamente ella sostiene que la llevó conforme a la ley lo establecía”, sostuvo Mendieta.
La investigación contra Robles se enmarca dentro del caso de La Estafa Maestra, una trama de desvío de dinero destapada en 2017 por el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Varios ministerios del Gobierno de Peña Nieto habrían hecho desaparecer recursos por un valor de 7.670 millones de pesos (unos 345 millones de dólares) entre 2013 y 2014, a través de una triangulación con universidades públicas y empresas fantasma.
