Washington, (EFE News).- El Caucus Hispano en el Congreso calificó hoy de “escandalosa” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que avaló la decisión del presidente Donald Trump de dar por terminado el censo de población ordenado por la Constitución.
La decisión “permite que el gobierno de Trump corrompa el Censo de 2020 con un empadronamiento incompleto y desacertado que infligirá un daño duradero al pueblo estadounidense y que perjudica desproporcionadamente a los latinos y las comunidades inmigrantes”, señaló el presidente del Caucus, el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas.
En un comunicado de prensa, la Oficina del Censo dijo este martes que el conteo terminará el viernes a las 6 am ET. El sitio web de respuesta automática y las respuestas telefónicas se cerrarán, las respuestas en papel deben tener matasellos antes del 15 de octubre y los censistas finalizarán los seguimientos al cierre de operaciones el jueves.
El Censo se realiza, por mandato constitucional, cada diez años y sobre sus resultados se distribuyen la representación política de los Estados en el Congreso y en el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para programas de vivienda, educación, salud e infraestructura.
“La Constitución requiere que el gobierno cuente a cada persona en el país, independientemente de dónde viven o cuál sea su estatus de inmigración, y sin embargo tan sólo la jueza (Sonia) Sotomayor dio una opinión disidente” en el fallo del Supremo, indicó Castro.
Sotomayor argumentó que “los daños causados por el apresuramiento en el empadronamiento del censo de este año son irreparables. La población sufrirá el impacto por al menos los próximos diez años”.
El censo debió completar la primera etapa de recepción de respuestas a sus cuestionarios, por vía postal, telefónica o internet, en julio, y la segunda con el envío de miles de funcionarios a censar los hogares que no habían enviado sus respuestas, en agosto.
Debido a la pandemia de COVID-19 la Oficina del Censo extendió los plazos y debía completar la tarea el 31 de octubre, pero el Gobierno de Trump ordenó que se diera por concluida la recolección de datos, pero su decisión fue objeto de una demanda judicial que acabó este martes con la decisión de la Corte Suprema.
