Washington, (EFE News).- La Corte Suprema de Justicia, quizá ya con la presencia de Amy Coney Barrett entre sus jueces, escuchará argumentos acerca de dos controvertidas políticas de inmigración del presidente, Donald Trump, quien, a su vez, encara el veredicto de la ciudadanía en las elecciones del 3 de noviembre.
El Supremo, que por ahora tiene ocho miembros tras el fallecimiento el mes pasado de la jueza Ruth Gingsburg, anunció este lunes que analizará la decisión de Trump de desviar fondos para la construcción de un muro en la frontera con México por valor de unos 2.500 millones de dólares que el Congreso había asignado para gastos militares.
Asimismo, en audiencias que probablemente tendrán lugar después que el Senado confirme a Barrett -con lo cual habrá una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas en esa corte- el Tribunal escuchará los argumentos en torno a la política de Trump por la cual decenas de personas que han llegado a EE.UU. pidiendo asilo han sido devueltas a México y América Central a la espera de sus trámites.
“Es bien sabido que Trump no obtuvo del Congreso fondos para su obsesión xenófoba del muro, y cada tribunal que ha considerado el caso dictaminó que el presidente no tiene autoridad para gastar miles de millones de dólares de los impuestos en esa obra”, afirmó Dror Ladin, abogado principal del Proyecto de Seguridad Nacional en la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
“Esperamos demostrar esos argumentos ante el Tribunal Supremo y poner, finalmente, un alto al abuso de poder inconstitucional de este gobierno”, agregó Ladin.
Por su parte, Gloria Smith, abogada del grupo ambientalista Sierra Club dijo que “el Gobierno de Trump ha malversado fondos militares para la construcción de un muro que ha causado daños duraderos a los ecosistemas y comunidades de la frontera, ha dañado irreparablemente tierras indígenas y ha destruido la fauna y los hábitat en la frontera”.
La demanda sobre el muro la presentó ACLU en representación de la Coalición de Comunidades de la Frontera y Sierra Club, quienes alegaron que la obra agravará el problema de inundaciones en la región y perjudicará la fauna y la flora silvestres. Los demandantes alegan asimismo que Trump carece de atribuciones para cambiar el destino de fondos ya asignados por el Congreso.
En mayo de 2019, un juez federal en California dictaminó que era ilegal transferir a la construcción del muro fondos asignados por el Congreso para gastos del Pentágono, y ordenó la suspensión de esos pagos.
En julio de ese año, en un voto de 5-4, el Tribunal Supremo canceló la orden de suspensión de pagos y autorizó la continuación de trabajos mientras seguía el litigio, después de que un mes antes un tribunal de apelaciones, también en California, calificó de ilegal la decisión de Trump al considerar que el presidente no tiene autoridad constitucional para cambiar el destino de las asignaciones de dinero del Congreso.
El otro caso por el cual el Supremo celebrará audiencias se refiere al Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), una política conocida como “Permanece en México” y adoptada a comienzos de 2019 por el Gobierno de Trump y que niega a las personas que llegan a la frontera y piden asilo el trámite normal que estipula la ley: libertad provisional a la espera de la resolución sobre sus casos ante un tribunal de inmigración.
En este asunto la querella legal la llevan adelante ACLU y el Southern Poverty Law (SPLC), una organización no gubernamental dedicada a luchar contra el racismo y el supremacismo blanco.
Aunque un tribunal federal en California ordenó la suspensión de MPP, el programa ha continuado a la espera de que se resuelva el litigio y son decenas de miles los inmigrantes que han sido devueltos a México desde inicios de 2019 para esperar allí el resultado de su petición de asilo.
“Quienes buscan asilo enfrentan graves peligros en cada día que continúa esta política ilegal y depravada”, afirmó Judy Rabinovitz, la abogada de ACLU que encabeza la demanda. “Los tribunales han fallado repetidas veces contra esta política, y el Supremo también debería hacerlo”.
Blaine Bookey, directora legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados (CGRS) que se sumó a la demanda, dijo que “ha pasado más de un año desde que un tribunal de distrito federal invalidó la política ilegal del gobierno que fuerza a quienes buscan asilo a esperar en México”.
“Pero aún así miles de familias permanecen en condiciones cada vez más peligrosas y muchas han sufrido violencia brutal y el desamparo”, añadió. “Seguiremos luchando para poner a esta crueldad de una vez y para siempre”.
