Por José Luis B. Garza
“La crisis en México no existe más que en las mentes de algunos, no en la realidad”, palabras más, palabras menos, es una de las que sin duda se incorporarán como frases célebres del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
El mandatario nacional expresó lo anterior ante un contingente de 32 mil miembros de las fuerzas armadas que fueron reunidos en el estado de México, frente a quienes pronunció un discurso después de haber departido con los integrantes de las fuerzas castrenses como en sus mejores días de campaña en pos de la Presidencia de México.
¿Pero, realmente es imaginaria una crisis en el país?
¿Es sólo producto de la fantasía de detractores del régimen o de estrategas políticos de los partidos de oposición?
¿Cuál es la línea que se tiene que cruzar para poder afirmar que existe una crisis nacional, política, económica o social?
No lo sabemos, pero quien habló de crisis fue precisamente el presidente.
Lo cierto es que a fuerza de ver que ocurren ciertos hechos sin precedente nos hemos habituado a aceptarlos como parte de una nueva realidad nacional, pero esa realidad nacional no tiene precedentes.
En los últimos meses varios de los gobernadores salientes, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentran bajo proceso o prófugos de la justicia, por haber desviado recursos que les fueron encomendados para realizar obra pública o bien se les asocia con una diversidad de actividades delictivas que van desde actos de corrupción hasta lavado de dinero y asociación con grupos delincuenciales.
Tomás Yarrington, en Tamaulipas; Javier Duarte, en Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, en Quintana Roo, todos ellos del PRI y Guillermo Padrés, del Partido Acción Nacional (PAN), más los que se agreguen, exhiben no a los ex gobernantes en sí, sino a todo un sistema de corrupción e impunidad mediante el cual se pretende gobernar o se gobernó a los estados que forman la Federación.
Mención especial merece el caso del fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia Cambero, quien fue detenido por las autoridades estadounidenses al entrar a la Unión Americana acusado de narcotráfico en diversas modalidades, a quien se le están incautando bienes por 250 millones de dólares. Su caso, por extensión, amenaza con salpicar al gobernador nayarita Roberto Sandoval, quien cuando menos debió sospechar lo que ocurría con su subordinado. Hasta el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, a quien lo une una no negada cercana amistad con Veytia, podría resentir los efectos de la detención del mismo.
Esto no solía ocurrir.
Tampoco ocurría que se presentara una ola de inseguridad como la que azota al país, donde el Ejército ha tenido que ser desplegado para poder sofocar la ola delictiva y violencia ante la falta, en la mayoría de las entidades federativas, de cuerpos policiacos que garanticen la paz en los estados y municipios.
En lo económico, analistas privados y del Banco de México aumentaron a un 5.56 por ciento el pronóstico de inflación de México al cierre de este año y mantuvieron a un 1.49 por ciento su estimación para el crecimiento económico. Eso puede ser peor si se toma en cuenta que se inicia apenas el cuarto mes del año.
Las muy posibles deportaciones de mexicanos indocumentados de los Estados Unidos plantearán no solamente un problema social al país, sino que provocarán la pérdida de las divisas de esos mexicanos, junto con muchos más, independientemente de su estatus legal en la Unión Americana que son el sustento de miles de familias.
Cierto, la situación en México no es lo que puede considerarse un colapso total, pero sí debería de ser preocupante para las autoridades de los distintos niveles, principiando, desde luego, por el propio presidente de la República.
Quizá no se viva una crisis en México, pero algo muy serio está ocurriendo. Tan serio que no debe ser ignorado.
