Las siguientes serán semanas donde el tema de la extradición de dos ya célebres políticos corruptos mexicanos que fueron detenidos con diferencia de una semana, Tomás Yarrington y Javier Duarte, dominarán medios y redes sociales.
El primero de ellos, como ya se ha divulgado ampliamente, en Florencia, Italia, desde donde prepara ya su resistencia al reclamo que hacen tanto México como los Estados Unidos para someterlo a proceso por varios delitos. La peor opción para Yarrington es que lo envíen finalmente a la Unión Americana, pero es la opción más probable si se toma en cuenta que fue ese país el que realmente inició una persecución del político tamaulipeco, por ahora caído en desgracia.
El caso de Duarte luce distinto. No hay duda que fue un grupo de investigación policiaco mexicano el que concretó su ubicación y posterior detención en Panajachel, Guatemala, de donde fue trasladado a la prisión Matamoros, considerada VIP, en la capital del país centroamericano.
Aunque las circunstancias no son envidiables para ninguno de los dos ex prófugos, sí hay diferencia en la situación de ambos ex gobernadores.
Mientras Yarrington es reclamado por dos países, con muchas posibilidades de que sea Estados Unidos quien lo extradite, sobre Duarte pesa una acusación del Gobierno Mexicano y es insistente la afirmación de que su captura fue pactada.
Para el político tamaulipeco tener que confrontar a la justicia estadounidense con serias acusaciones que representan una sanción de dos cadenas perpetuas, en un país donde será, además de juzgado, seguramente interrogado sobre sus actividades que lo señalan como un cómplice de los grupos ligados al narcotráfico, además de otros delitos, es un panorama que luce con obstáculos difícilmente superables que lo pondrían de por vida tras las rejas de una prisión.
En el caso de Duarte no es descabellado pensar que pudo haber sido pactada su entrega, por las circunstancias de desplazamiento de miembros de su familia en forma muy abierta al centro turístico donde se encontraba.
La confirmación de su abogado, de acuerdo a notas informativas, que no ofrecerá mayor resistencia a su extradición, son elementos que fortalecen la suposición de una entrega pactada.
Tiene sentido además someterse ahora a la acción de la justicia en un momento en que sigue gobernando su partido, el Revolucionario Institucional, que podría dejar de hacerlo dentro de poco tiempo si se toma en cuenta que el próximo año habrá elecciones en México, sin asegurar la permanencia del PRI en el poder. El escenario de un país gobernado por un partido de oposición al PRI podría ser una pesadilla para Duarte.
Ambos casos son seguidos con gran interés por la opinión pública no solamente de México, sino de varios países, pero especialmente en esta frontera de México y Texas, donde precisamente nació y fue alcalde Tomás Yarrington, en Matamoros, por una parte, y en el caso de Duarte porque es innegable la gran migración veracruzana que se ha dado hacia estas latitudes donde, inclusive, han existido organizaciones de veracruzanos con una gran actividad ligada a la acción gubernamental del tradicionalmente próspero estado jarocho, hoy tan convulsionado por los cambios políticos, corrupción y la acción del crimen organizado.
Pero los mencionados no son los únicos que se encuentran pendientes de ser llevados ante la justicia mexicana o estadounidense. Se encuentra el caso de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien se supone, se encuentra refugiado en algún punto de Texas; el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y algunos otros ex gobernantes.
El caso de Egidio Torre Cantú, inmediato ex gobernador tamaulipeco es diferente, pues las acusaciones y señalamientos que han surgido en los últimos meses, tanto por su ostentosa vida reflejada en una multimillonaria mansión en el estado de Nuevo León, así como las alusiones a desvíos de recursos y mal uso de los presupuestos gubernamentales, se circunscriben a embates mediáticos.
No hay aparentemente ninguna acción iniciada en contra de Torre Cantú por parte de la Federación a través de sus dependencias judiciales o fiscales, ni por parte de la nueva administración estatal.
¿Nos sorprenderán los vientos del cambio con alguna sorpresa contra el ex mandatario tamaulipeco similar a la que hizo el actual gobierno veracruzano contra Javier Duarte?
Por lo pronto es de esperarse que las acciones legales en contra de los otros prófugos den como resultado su aprehensión y su consecuente sometimiento al proceso legal que le haga justicia a los ciudadanos afectados por los actos de corrupción y se recupere algo del producto del saqueo a que fueron sometidas las arcas gubernamentales estatales.
