por Andrés Oppenheimer
Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), no escatimó palabras cuando le pregunté en una entrevista si el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, es responsable de las muertes de al menos siete personas en las masivas protestas antigubernamentales de los últimos días. Por supuesto que sí, dijo Almagro.
“El ha incitado a la violencia”, me dijo Almagro. “Ha tenido un discurso de exacerbación del conflicto. En ese sentido, es responsable de las acciones de gente que no tiene control, de los colectivos armados, que han sido armados por el gobierno. “Él, por lo tanto, es responsable de la represión y de los efectos que tiene la represión, como la muerte de personas”.
Agregó que Maduro tiene una “responsabilidad directa” por las muertes. “Uno no puede darles armas a colectivos civiles para que hagan una tarea represiva. No pueden exacerbarse esos ánimos con un discurso de odio, de confrontación y de conflicto. Es no solamente el que apretó el gatillo, sino el que le dio las armas, y el que le dijo que saliera a reprimir en las manifestaciones”.
Mi entrevista con Almagro fue el miércoles, cuando más de 100,000 opositores venezolanos salieron a las calles para exigir un retorno a la democracia. El régimen de Maduro recientemente eliminó virtualmente todos los poderes del Congreso, se ha negado a celebrar elecciones regionales y ha inhabilitado a los principales líderes de la oposición para ser candidatos a cargos públicos por hasta 15 años.
Para intimidar a la gente para que no participara en las protestas, Maduro había anunciado públicamente dos días antes de que entregaría fusiles a unos 500,000 civiles progubernamentales.
Maduro dijo en una ceremonia militar que había ordenado a su ministro de Defensa “expandir la Milicia Nacional Bolivariana a 500,000 milicianos”, y que garantizaría “un fusil para cada miliciano”.
Previsiblemente, durante las protestas multitudinarias, Maduro ofreció un nuevo “diálogo” con la oposición, prometiendo entre otras cosas celebrar elecciones regionales.
Pero afortunadamente, parece que ni los líderes de la oposición ni Almagro caerán en la trampa esta vez. El último diálogo en el que participó la oposición, promovido por el Vaticano y la UNASUR, terminó siendo una farsa que al final del día sólo ayudó a que el régimen ganara tiempo, y pudiera quitarle aun más poderes a las últimas instituciones independientes.
A principios de este mes, cuando le pregunté al líder opositor Henrique Capriles sobre la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones con el equipo de mediación encabezado por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, me dijo: “No nos vamos a volver a dar con la misma piedra”.
Almagro me dijo que cualquier nueva mediación tendría que reemplazar a Rodríguez Zapatero e incluir un calendario para elecciones presidenciales libres, con supervisión internacional. Ya 11 países latinoamericanos, como México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, han firmado un documento exigiendo un calendario electoral.
Ya es demasiado tarde para las elecciones regionales, me dijo Almagro. No sólo el régimen ha roto el hilo democrático, sino que la economía de Venezuela se ha desplomado, dijo. El Fondo Monetario Internacional acaba de proyectar que Venezuela tendrá una inflación de 720 por ciento este año, la más alta del mundo y del 2,068 por ciento el próximo año.
Lo que se necesita ahora es “que la comunidad internacional no quite los ojos de Venezuela”, y que Maduro sea presionado para celebrar elecciones generales, con observadores internacionales creíbles y levantando las inhabilitaciones a los líderes opositores, dijo Almagro. El derecho de los lideres opositores a ser candidatos “es una condición básica y mínima para elecciones democráticas”, dijo.
Mi opinión: La orden de Maduro de entregar 500,000 rifles a civiles oficialistas deja pocas dudas de que el presidente de facto es responsable de crear las condiciones que causaron varias muertes en las últimas protestas.
Los países latinoamericanos deben ahora intensificar sus presiones diplomáticas y darle a Maduro un ultimátum para celebrar elecciones generales monitoreadas por observadores creíbles, o ser objeto de sanciones. Maduro debe ser considerado de ahora más directamente responsable por la violencia política en su país, antes de que más jóvenes mueran en las calles para defender sus derechos democráticos.
