Los Ángeles, (EFE).- El Gobierno del presidente Joe Biden confirmó que comenzará desde el 31 de mayo a aplicar una regla que pretende acelerar el procesamiento de las peticiones de asilo de los migrantes que solicitan protección humanitaria a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
La medida permitirá que oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) consideren las solicitudes de asilo de ciertos solicitantes sujetos a deportación acelerada que han logrado establecer un temor de persecución o tortura en sus países de origen.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sostuvo en un comunicado que “a medida que implementemos esta regla transformadora a través de un enfoque por etapas, reduciremos los tiempos de procesamiento y la acumulación de años en los tribunales de inmigración”.
Añadió que las personas que reúnan los requisitos para el asilo recibirán protección “más rápidamente”, y las que no los reúnan serán expulsados “rápidamente en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes”.
El plan tiene el propósito de reducir de cinco años a seis meses el tiempo de espera promedio para que los solicitantes de asilo que ingresan por la frontera sur reciban una decisión en sus casos, e incluye las directrices para dejar en suspenso la deportación de esas personas mientras esperan la resolución de sus casos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que la implementación se llevará a cabo de manera gradual, comenzando con un pequeño número de personas bajo custodia en dos centros de detención en Texas.
Sólo los extranjeros que se coloquen en procedimientos de deportación acelerada después del 31 de mayo de 2022 están potencialmente sujetos al nuevo proceso.
Inicialmente, sólo los solicitantes de asilo que les digan a los funcionarios fronterizos de EE. UU. que planean vivir cerca de Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco podrán hacer parte del nuevo programa.
La implementación del programa estaba en riesgo de ser bloqueada. El lunes pasado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitó a un juez federal detener la aplicación de la nueva regla mientras procedía una demanda presentada el pasado 28 de abril contra la medida, pero la petición fue denegada.
Según la querella iniciada por Paxton, esa política viola la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Inmigración y una cláusula en el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos.
Este no ha sido el único intento de bloquear la aplicación de la medida. Senadores republicanos intentaron el jueves aprobar una resolución de rechazo con base en la Ley de Revisión del Congreso (CRA), un proceso que permite echar abajo políticas federales del Ejecutivo.
Pero los conservadores fracasaron en el intento al no lograr la mayoría.
