Los Ángeles, (EFE).- Defensores de los inmigrantes se mostraron decepcionados este lunes tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. que permitirá mantener detenidos sin una audiencia de fianza a ciertos inmigrantes que tras ser deportados regresaron al país.
El máximo Tribunal se puso del lado del gobierno de EE.UU. al dictaminar que los inmigrantes detenidos que reingresan al país tras ser deportados no tienen derecho a buscar su liberación bajo fianza, independientemente de cuánto tiempo permanezcan detenidos.
En una decisión unánime los nueve jueces revocaron los fallos del Tribunal del Noveno Circuito en San Francisco (California) y del Tribunal del Tercer Circuito en Filadelfia (Pensilvania), que estuvieron a favor de dos demandantes hispanos.
Esos tribunales de apelaciones se basaron en un fallo de 2001 que argumenta que la Constitución generalmente no permite que el gobierno retenga a los inmigrantes más de seis meses sin darles una audiencia y la oportunidad de buscar su liberación bajo fianza.
El fallo de este lunes cobija a las personas que fueron deportadas anteriormente pero después volvieron a ingresar al país alegando que temían persecución o tortura en su país, y se les permite exponer su caso frente a un juez de inmigración, explicó a Efe Matt Adams, director legal Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP).
Los inmigrantes buscan frente al juez tramitar una “suspensión de expulsión”, un procedimiento que puede durar meses o a veces años, advirtió el abogado.
“Entonces, la pregunta es cuánto tiempo pueden permanecer encerrados sin una audiencia de fianza mientras pasan por ese proceso”, cuestionó Adams, tras el veredicto de la Corte Suprema.
Por su parte, Michael Kaufman, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SOCAL) dijo sobre la decisión de este lunes que “no existe un principio de debido proceso más fundamental que el de que el gobierno no puede encerrar a alguien durante meses o años sin una audiencia”.
En este sentido Adams advirtió de que la batalla legal no ha terminado y que volverán a la corte para abordar un reclamo constitucional.
