Por Andrés Oppenheimer
Ante la amenaza de una escalada de sanciones internacionales, el dictador electo de Venezuela Nicolás Maduro está ofreciendo un nuevo “diálogo” con la oposición y elecciones nacionales a fines del 2018. Sin embargo, existen razones poderosas para sospechar que Maduro está engañando al mundo, y para seguir aumentando las presiones internacionales contra su régimen.
Después de violentas protestas contra el gobierno que dejaron más de 130 muertos en los últimos meses y sanciones financieras estadounidenses contra altos funcionarios de su régimen, Maduro ha pedido un nuevo “diálogo” con la oposición.
Recientemente, los enviados del gobierno se reunieron con líderes de la oposición para conversaciones exploratorias en la República Dominicana, y se planea invitar a un “grupo de países amigos”, compuesto por México, Chile, Bolivia y Nicaragua, para supervisar negociaciones formales que podrían comenzar el 27 de septiembre en la República Dominicana.
El problema es que hemos visto esta película varias veces antes. Cada vez que el gobierno está en crisis, Maduro pide un diálogo nacional con la oposición y promete elecciones libres, sólo para quebrar sus promesas una y otra vez cuando logra disipar las protestas callejeras.
En 2014, Maduro ofreció un diálogo supervisado por la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que llevó a la oposición a suspender temporalmente las protestas y centrarse en las elecciones legislativas de 2015. A pesar de tener que competir con reglas electorales diseñadas para favorecer a los candidatos gubernamentales, la oposición ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015 por una mayoría abrumadora.
Pero poco después, Maduro violó la voluntad del pueblo. Primero prohibió la toma de posesión de varios congresistas opositores, lo que despojó a la oposición de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, que le hubiera permitido llevar a juicio político a las máximas figuras del gobierno, y luego utilizó el Tribunal Supremo de Justicia para quitarle poderes al recién electo poder legislativo.
En 2016, ante nuevas protestas opositoras, Maduro nuevamente llamó a un “diálogo”. Esta vez, el diálogo fue supervisado por UNASUR y el Vaticano, y presidido por el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Ese diálogo produjo un acuerdo para negociar la liberación de los presos políticos, revisar los casos de los legisladores de la oposición impugnados por el gobierno, reconocer los derechos constitucionales de la Asamblea Nacional y respetar el calendario electoral.
Una vez más, Maduro no sólo no cumplió con su parte del acuerdo, sino que restringió aún más las libertades democráticas. Aumentó el número de presos políticos, postergó las elecciones de gobernadores, y recortó aun más los poderes de la Asamblea Nacional. Peor aún, recientemente creó un congreso paralelo, que él llama la Asamblea Nacional Constituyente.
Ahora, Maduro enfrenta una crisis humanitaria, con crecientes sanciones internacionales. La escasez de alimentos ha llevado a su régimen a comenzar a distribuir conejos, y a pedirle a la gente que los haga reproducir, y se los coma.
El ministro de relaciones exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, me dijo en una entrevista esta semana que la mediación propuesta por el “grupo de países amigos” puede tener más éxito que las anteriores porque “la situación se ha agravado mucho, y la comunidad internacional ha sido mucho más activa”.
Puede que así sea. Pero para no caer de nuevo en las triquiñuelas de Maduro, la comunidad internacional debería seguir aumentando la presión sobre su régimen.
Estados Unidos, Europa y América Latina deberían buscar y congelar más cuentas bancarias y propiedades de altos funcionarios del régimen de Maduro, y exigir que todos sus futuros contratos petroleros con Venezuela sean aprobados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora y democráticamente electa en 2015. También deberían retirar a sus embajadores de Venezuela, para aislar aún más a Maduro.
Y el “grupo de países amigos” que se está formando debería condicionar su esfuerzo de mediación a que Maduro permita que las elecciones para gobernadores del 15 de octubre sean libres y justas, con observadores internacionales creíbles, y a que el régimen respete plenamente sus resultados. De otra manera, Maduro seguirá burlándose de todos para ganar tiempo y esperar un milagro, mientras Venezuela se encamina a convertirse en una nueva Cuba.
