Ciudad de México, (EFE).- La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) pidió este jueves al Gobierno de México que “tome con seriedad” las consultas de energía que Estados Unidos y Canadá pidieron sobre la cuestionada política energética mexicana.
La ICC, que preside la mexicana María Fernanda Garza, indicó que las consultas anunciadas el miércoles son “un área de oportunidad” para evitar “una disputa comercial de grandes proporciones” dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Esperamos que el Gobierno de México tome este asunto con seriedad y que haya voluntad política para poder resolver estas irregularidades mediante el diálogo, la buena voluntad y el compromiso con la legalidad para evitar que la economía de nuestro país sufra afectaciones”, indicó la cámara en un pronunciamiento.
El posicionamiento se emite un día después de que Estados Unidos y Canadá solicitaron iniciar consultas dentro del T-MEC sobre la política energética de México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El mandatario minimizó este jueves en su conferencia matutina las consultas al considerar que es un procedimiento normal dentro del T-MEC, en vigor desde julio de 2020, y denunció que obedecen a intereses “políticos”.
Pero la ICC argumentó que “no es una sorpresa para nadie” que ocurran estas consultas por los cambios en la política energética “que han afectado al comercio y a la inversión de quienes compiten con Pemex y CFE”.
“A largo plazo resultará negativo no contar con inversiones en el sector y que, consecuentemente, debamos recurrir a energía sucia y cara, lo que sin duda provocará un gran desincentivo para invertir en México y, obviamente, nos hará menos competitivos ante el mundo”, expuso la cámara comercial.
Esta es la cuarta vez que se usa el mecanismo general de solución de diferencia del Capítulo 31 del T-MEC, vigente desde julio de 2020, de acuerdo con la Secretaría de Economía de México.
Los Gobiernos tienen un periodo de 75 días para encontrar un acuerdo durante esta etapa y, si no hay un consenso, se abre de manera formal un panel de solución de controversias.
“México sabe las consecuencias que podrían derivarse de un eventual informe adverso ya que nuestro país ha suspendiendo beneficios a los Estados Unidos, cuando este país incumplió con resultados adversos que le impusieron los paneles”, concluyó la ICC.
