Miami, (EFE).- Un tribunal federal de apelaciones de EEUU mantuvo el bloqueo de una controvertida ley de Florida que restringe las discusiones de raza e identidad en la educación superior pública, una norma que había sido prioridad para el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, quien la promulgó el año pasado.
Por medio de un escueto escrito en el que no brindó razones de la negativa, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito federal, con sede en Atlanta (Georgia), desestimó el pedido del Gobierno de Florida.
Los abogados del Gobierno estatal habían acudido a esta instancia luego de que en noviembre pasado el juez federal Mark Walker emitiera una orden judicial preliminar contra la ley por violar los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que consagra la libertad de expresión.
Florida solicitó al tribunal federal de apelaciones que suspendiera la orden judicial del juez Walker mientras se desarrollaba el proceso legal, para que de esta manera la norma pudiera empezar a aplicarse.
La demanda fue interpuesta por un grupo multirracial de profesores universitarios y un estudiante, que alegaban que la ley estatal HB 7 “restringe severamente a los educadores y estudiantes” de este estado a la hora de “aprender y hablar sobre temas relacionados con la raza y el género”.
“La decisión del tribunal de dejar en vigor la medida cautelar es un reconocimiento del grave daño que plantea a educadores y estudiantes la Ley Stop W.O.K.E.”, que es como se conoce la norma, según dijo hoy en un comunicado Leah Watson, abogada principal del Programa de Justicia Racial de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
“Todos los estudiantes y educadores merecen tener un intercambio libre y abierto sobre temas relacionados con la raza en nuestras aulas”, agregó la letrada de ACLU, una de las organizaciones que representa a los demandantes, además del Fondo de Defensa Legal (LDF, en inglés).
De acuerdo con ACLU, la ley impone sanciones severas, incluida la posible terminación o pérdida de fondos estatales, para los educadores que vayan en contra de la normativa y, como resultado de ello, las universidades han “cancelado o reducido las capacitaciones sobre diversidad e inclusión y han eliminado las declaraciones públicas que denuncian el racismo”.
La ley, conocida como “Stop the Wrongs to Our Kids and Employees (W.O.K.E.)”, o “Stop W.O.K.E.”, viola la Primera y Decimocuarta enmiendas al “imponer restricciones” a educadores y estudiantes de educación superior basadas en puntos de vista que son “vagos y discriminatorios”, y además “crea un clima hostil”, agregó la organización.
En su texto, la ley sostiene que resulta discriminatorio obligar a cualquier persona a recibir cualquier tipo de enseñanza o capacitación que le haga “sentirse culpable” en función de su “raza, color, sexo u origen”.
Otra ley promulgada el año pasado por DeSantis, que se perfila como posible aspirante a la Casa Blanca en 2024, prohíbe a los maestros abordar la identidad de género y la orientación sexual en las aulas de entre el jardín de infancia y el tercer grado de las escuelas públicas.
El Congreso de Florida, dominado en ambas cámaras por el Partido Republicano, discute en el actual periodo de sesiones la ampliación de los alcances de esta ley, conocido por sus detractores como “Don’t say gay”, hasta el octavo grado.
