Por José Luis B. Garza
En medio de una serie de protestas se aprobó en Texas durante el mes de mayo la Ley SB4, a iniciativa del gobernador Gregg Abbot. La nueva disposición, que deberá entrar en vigor a partir del primero de septiembre del presente año, dispone que obligatoriamente las corporaciones policiacas de los 254 condados y las ciudades texanas tendrán como una prioridad el solicitar a los infractores de la ley, así sea una simple falta a las reglas de tránsito, que muestren cuál es el estatus migratorio del infractor.
La nueva legislación ha provocado encendidas polémicas, no solamente entre las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, sino, también, en las propias corporaciones policiacas que tendrán que cumplir con las nuevas disposiciones legales o de lo contrario serán multadas por el Estado y estarán bajo la amenaza de perder parte de los fondos o subsidios que hacen posible, desde el punto de vista presupuestal, la labor policiaca en la entidad texana.
La multa a las corporaciones policiacas que no cumplan con las nuevas disposiciones estatales en la primera violación sería de mil a mil quinientos dólares y de 25,000 a 25,500 para las subsecuentes violaciones. Esto tendría un impacto, además, en los expedientes de los oficiales policiacos de los distintos rangos.
La idea de la ley, de acuerdo con los promotores de la misma, es disminuir el número de residentes indocumentados en el estado etiquetándolos a todos bajo la misma categoría que equivale a la de criminales.
Cierto, habrá entre los indocumentados quienes se dediquen a actividades delictivas, pero a eso no escapan quienes no solamente cuentan con residencia legal en los Estados Unidos, sino también muchos de los que han nacido en la Unión Americana. De eso dan testimonio las estadísticas de la población carcelaria en toda la Nación.
Pero además de la criminalización indebida de los indocumentados por el solo hecho de tener ese estatus migratorio, la nueva disposición propicia que los ciudadanos sean investigados en razón de su perfil racial. El aspecto de hispanos, si se puede llamar así, el acento en español al hablar inglés o bien el limitado conocimiento de este idioma, propiciarán en muchos de los casos no solamente investigaciones innecesarias sobre el estatus migratorio, sino, en algunos de los casos, abusos de oficiales policiacos que pondrán un exceso de celo en el cumplimiento de la nueva ley.
Por otra parte, muchas de las corporaciones policiacas que ven como una prioridad la paz y orden de sus ciudades y no la investigación de la condición migratoria de sus residentes, confrontará la situación de que éstos no denuncien hechos por no exponerse a ser investigados y deportados, en perjuicio, no solamente personal, sino de los familiares que dependen de ellos. En gran número de casos esos familiares nacieron en los Estados Unidos, pero sus padres o parientes no han tenido la oportunidad de regularizar su situación por múltiples razones.
La nueva ley plantea, además, otro problema para los cuerpos policiacos: La pérdida de la confianza de los residentes, sobre todo en ciudades con gran población hispana. Por poner un ejemplo, en el Valle de Texas se registra alrededor de un 95 por ciento de residentes de origen hispano. En esta región los policías llevan a cabo numerosas actividades comunitarias con el fin de mantener la confianza de la población de todas las edades. Es prácticamente ya una tradición que en Navidad las fuerzas policiacas de cada una de las ciudades haga reparto de juguetes a los niños y entregue pavos y despensas con motivo del Día de Acción de Gracias en un esfuerzo por mantener el contacto y la confianza de los residentes.
La policía valora lo importante que es contar con la credibilidad y confianza ciudadana.
Cada estado tiene diferentes características y orígenes que determinan su composición étnica.
En Texas hay familias que son descendientes de generaciones que ya habitaban estas tierras antes de que México cediera esta importante parte de su territorio a la Unión Americana en el Siglo XIX. Muchos de ellos conservan como parte de su patrimonio cultural familiar el idioma español y, obviamente, su aspecto latino al que no se pueden sustraer. Quien piense que todos los latinos que viven en Texas, por mencionar uno de los grupos poblacionales importantes, llegaron como migrantes, están equivocados. Algunos de ellos pertenecen a familias que han estado aquí mucho antes de la anexión de Texas.
Pero estas líneas no pretenden convertirse en la defensa de la inmigración indocumentada, ni de aquellos que han cometido actos criminales, independientemente de su país de origen.
Hay que ir a la raíz del problema. Hay situaciones que difícilmente se pueden revertir. En las últimas décadas se ha producido una gran migración hacia este país. En muchas de las ocasiones se puede encontrar la explicación en las condiciones adversas para vivir de sus países de origen o bien por tener a seres queridos viviendo ya en la Unión Americana con quienes pretenden reunirse.
El problema real, soslayado durante años, es la falta de una reforma migratoria integral que permita regularizar su situación a quienes no han tenido la oportunidad de hacerlo por falta de la disposición legal adecuada pese a estar integrados a la vida productiva estadounidense. Una reforma que permita actualizar las regulaciones en la admisión de las nuevas generaciones de migrantes y rediseñar el sistema de visas, sobre todo en el campo laboral que ha tenido importantes cambios en las últimas décadas. Por citar un argumento, tan sólo en Texas, derivado del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TELECAN o NAFTA) se generan 400,000 empleos, producto de un intercambio comercial de 95 billones de dólares. Esto se incrementará seguramente con la “modernización” inminente de ese acuerdo comercial.
Organizaciones defensoras de migrantes han ya interpuesto recursos legales para evitar la entrada en vigor de la SB4, pero independientemente de los resultados, se aplique o no aplique la ley en septiembre, la situación de fondo prevalece: Abordar realísticamente el problema migratorio y encontrar una solución acorde a la nueva realidad social y actual desarrollo económico de los Estados Unidos.
