La Coalición de Massachusetts para la Reforma Migratoria (MCIR) interpuso una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. El grupo alega que las políticas migratorias implementadas desde 2021 bajo la administración Biden ignoraron los requisitos de la Ley Nacional de Protección Ambiental (NEPA), la cual exige a las agencias federales evaluar el impacto ambiental de sus decisiones.
Por el año 1970 fue creada la NEPA con el objetivo de asegurar que toda acción gubernamental que pueda afectar el medio ambiente pase primero por un análisis exhaustivo. La MCIR sostiene que las políticas de inmigración, como el fin de la construcción del muro fronterizo y la suspensión de la política de “Permanecer en México”, deberían haber sido revisadas bajo estos lineamientos, por cuanto podrían tener consecuencias tanto para el medio ambiente como para los recursos locales.
Los demandantes, incluidos residentes de la frontera sur y otros estados, aseguran que la migración sin los análisis previos sobrecargó servicios en sus comunidades. Algunos residentes fronterizos incluso reportaron incendios accidentales en sus tierras debido al flujo migratorio, mientras habitantes de otros estados dicen que el crecimiento poblacional impactó en servicios como educación y salud.
El juez Trevor McFadden programó una audiencia preliminar para julio de 2025, en la cual se evaluará si el caso tiene fundamentos suficientes para avanzar. Esta audiencia es clave, en razón de determinar si los demandantes pueden seguir adelante con sus reclamos contra el DHS y el USCIS.
Además, el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), una organización la cual apoya la regulación migratoria, presentó un escrito en apoyo a la demanda. El juicio podría establecer un precedente sobre la relación entre políticas migratorias y el cumplimiento de los requisitos ambientales en Estados Unidos.