STILLWATER, Oklahoma. — Gran indignación ha generado en Oklahoma la decisión judicial que permitió que un joven de 18 años, perteneciente a una familia prominente, evitara la cárcel a pesar de ser acusado de violar, estrangular y grabar los ataques contra dos mujeres.
Según documentos judiciales y reportes de People, Jesse Butler, recién graduado de Stillwater High School, se declaró no culpable (no contest) ante múltiples cargos graves, incluyendo violación en primer grado, intento de violación, violación por instrumentación y agresión doméstica con estrangulamiento. Butler enfrentaba una posible condena de hasta 78 años de prisión.
A pesar de la gravedad de las acusaciones —que incluían pruebas de que Butler grabó al menos uno de los ataques con su teléfono celular— el juez decidió sentenciarlo únicamente a libertad condicional, servicio comunitario y terapia obligatoria, evitando así cualquier tiempo en prisión.
Los ataques ocurrieron en 2024, cuando dos estudiantes denunciaron por separado agresiones sexuales y estrangulamiento. Los fiscales señalaron que Butler filmó una de las agresiones y posteriormente mostró el video a otras personas, profundizando el trauma de las víctimas.
En una declaración presentada ante el tribunal, una de las sobrevivientes expresó:
“No solo me estrangulaste con tus manos. Estrangulaste mi voz, mi alegría y mi capacidad de sentirme segura en mi propio cuerpo.”
Miembros de la comunidad han expresado su indignación, calificando el fallo como una “burla a la justicia”. Muchos consideran que la sentencia indulgente estuvo influenciada por el estatus social de la familia Butler, ya que el padre del acusado fue director de operaciones del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU Cowboys).
Tras conocerse la sentencia, decenas de personas se manifestaron frente al tribunal exigiendo rendición de cuentas y una revisión del caso. Activistas locales y nacionales han pedido reformas que garanticen que la posición social o económica de un acusado no determine el resultado judicial.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre la desigualdad en las sentencias por delitos sexuales y el trato que reciben las víctimas dentro del sistema judicial estadounidense.