Ahora que han pasado las elecciones intermedias de Estados Unidos y el presidente Joe Biden tiene menos presiones electorales, es hora de que la Casa Blanca rompa su silencio sobre la peligrosa reforma electoral que amenaza a la democracia en México.
El presidente populista Andrés Manuel López Obrador ha propuesto desmantelar el muy respetado Instituto Nacional Electoral de México (INE). Se trata de la institución independiente que fue clave para la transición de México a la democracia a fines de la década de 1990, y que desde entonces ha sido garante de elecciones libres y justas.
Pero ahora, la reforma electoral propuesta por López Obrador pretende reemplazar al INE por una institución mucho más pequeña y débil, que sería mucho más fácil de controlar por su gobierno.
López Obrador aduce que quiere achicar el INE para reducir los gastos gubernamentales, como parte de una reforma política que también recortaría fondos para los partidos políticos.
Pero el presupuesto anual de $706 millones de dólares del INE es un pequeño precio a pagar por mantener la democracia en México. Comparado con los gastos monumentales de López Obrador para proyectos cuestionables, el INE es una bicoca.
López Obrador está construyendo, entre otras cosas, la refinería de petróleo Dos Bocas, valorada en 18.000 millones de dólares, en un momento en que todo el mundo está empezando a reemplazar el petróleo por energías limpias.
El Congreso de México, controlado por el partido oficialista Morena, tiene previsto debatir la reforma electoral de López Obrador a principios de diciembre. En esas fechas, la mayoría de los mexicanos estarán viendo los partidos de la Copa Mundial de Qatar.
Hasta ahora, Biden se ha abstenido de criticar públicamente la ofensiva de López Obrador contra el INE. Probablemente, no quiera enemistarse con el presidente mexicano en un momento en que Washington le está pidiendo ayuda para controlar el flujo migratorio en la frontera, reducir el flujo de fentanilo y cumplir con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
Los temores de un aumento de la inmigración ilegal antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos también pueden haber jugado un papel en el silencio de Biden sobre el tema, dice Andrew Rudman, director del Instituto de México del Wilson Center en Washington D.C.
“Es posible que el gobierno de Biden pensara de que si presionaba demasiado a López Obrador en otros temas, él podría decir: ‘No voy a cooperar en materia de migración’”, me dijo Rudman. “Eso habría sido un problema político para la Administración Biden”.
Sin embargo, “Estados Unidos no debe dudar en defender los valores democráticos de largo plazo, independientemente de dónde puedan estar siendo atacados”, me dijo Rudman.
El senador Bob Menéndez (D-NJ), Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, está de acuerdo en que el gobierno de Biden debería expresar su preocupación por el intento de López Obrador de desmantelar el INE.
“No podemos darnos el lujo de ignorar la constante erosión de la democracia y el estado de derecho en México bajo el presidente López Obrador”, me dijo Menéndez por correo electrónico. “Espero que la Administración Biden intensifique los esfuerzos para apoyar la protección de los actores e instituciones democráticas de México”.
Por supuesto, si Biden critica públicamente la propuesta de López Obrador como una amenaza a la democracia en México, lo más probable es que el presidente mexicano acuse de inmediato a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de México.
¿Mi opinión? Eso no debería quitarle el sueño a ningún funcionario estadounidense, porque el propio López Obrador se entromete constantemente en los asuntos internos de otros países.
Biden, a diferencia de su predecesor Donald Trump, ha prometido colocar la defensa de la democracia en el centro de su política exterior. Ahora debería cumplir con su promesa, y denunciar una de las mayores amenazas al estado de derecho en el continente, que está teniendo lugar justo al lado de Estados Unidos.