Washington, (EFE).- El atraso en el procesamiento de casos en los tribunales de inmigración es, en buena medida, resultado del “control político ejercido tanto por gobiernos demócratas como por republicanos”, afirmó hoy jueves una experta en una audiencia del Congreso.
Al terminar 2021 el sistema de tribunales de inmigración, que depende del Departamento de Justicia, tenía una acumulación de casi 1,6 millones de casos, y ese atraso se ha acentuado a un “ritmo vertiginoso” durante la presidencia de Joe Biden, según el centro de investigaciones Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
Hay actualmente unos 580 jueces de inmigración responsables por la adjudicación de casos, y eso significa que hay aproximadamente 2.700 casos por magistrado, explicó Mimi Tsankov, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
La subordinación de estos tribunales al Departamento de Justicia “ha creado problemas fundamentales”, añadió. “Uno de ellos es que las políticas de inmigración interfieren con las funciones de adjudicación que corresponden a los tribunales”.
“En gran medida la incapacidad del Departamento de Justicia para la administración de los tribunales de inmigración deriva del control político ejercido sobre los tribunales rutinariamente, tanto por administraciones demócratas como por las republicanas”, sostuvo Tsankov.
El Subcomité de Inmigración y Ciudadanía del Comité Judicial de la Cámara de Representantes realizó hoy una audiencia para discutir el establecimiento de un sistema de tribunales de inmigración que sea independiente del poder político.
“Por la integridad del sistema, las audiencias imparciales, las prioridades que se dan a los casos y el imperio de la ley, estos tribunales deben estar libres de los vaivenes provocados con cada cambio de políticas y prioridades en el Poder Ejecutivo”, afirmó la representante Zoe Lofgren, demócrata por California, quien presidió la audiencia.
Por su parte Tom Tiffany, republicano por Wisconsin, culpó del atraso al Gobierno de Biden y alegó que desde que llegó a la Casa Blanca hace un año el presidente “invitó a los migrantes a venir a Estados Unidos”.
“El Gobierno y los demócratas se rehúsan a reconocer la crisis en la frontera sur que Biden ha creado con su política de frontera abierta”, dijo Tiffany. “Estados Unidos se ha convertido en la mayor operación de tráfico humano en el mundo”.
Los atrasos “afectan a cada una de las partes que concurren ante los tribunales de inmigración”, dijo Andrew Arthur, del Centro para Estudios de Inmigración (CIS). “Afectan a los extranjeros que concurren y al Gobierno”.
“Para los extranjeros, las demoras de años a la espera de una audiencia sobre su deportación y sobre sus pedidos de alivio pueden significar que las evidencias se pierdan o no estén disponibles, y que los testigos puedan morir o no estar disponibles antes de que se escuchen sus casos”, agregó.
