México, (Especial).- Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Luis Alfonso Villa Vargas, Director de Extensión e Integración Social y Héctor Leoncio Martínez Castuera, Secretario General del IPN, serán demandados en el distrito de Cambridge en Estados Unidos por violación a derechos de autor, plagio y robo de propiedad intelectual.
Así lo señaló Israel Reyes Gómez, quien pertenece a un equipo multidisciplinario de profesores y especialistas de la Universidad de Harvard y del Massachusetts Institute of Technology (MIT), de acuerdo con información publicada en importantes medios nacionales mexicanos.
Reyes Gómez destacó que la demanda se basará en que el IPN, en conjunto con académicos de las universidades norteamericanas en las que colabora, brindaron un servicio al Instituto Nacional Electoral (INE), y sus aportaciones fueron utilizadas sin autorización y no recibieron los pagos acordados. Dicha demanda se sumará a la que ya cuenta en México por incumplimiento de contrato.
Reyes Gómez señaló que fueron contratados por el IPN en común acuerdo con el INE con objeto de “contribuir en garantizar la continuidad de las operaciones del proceso electoral 2017 – 2018, mediante el diseño de estratégicas de atención a riesgos y crisis que se pudieran presentar mediante el establecimiento de protocolos”. En función de la complejidad del tema se conformó un equipo multidisciplinario de trabajo con personal académico y de investigación de algunas escuelas del Politécnico, expertos en análisis geonómico y espacial de la UNAM y un equipo con alto grado de especialización en materia de manejo de riesgos y del diseño de planes e implementación de planes institucionales en materia electoral provenientes de la universidad de Harvard y del MIT.
Luego de reuniones desde el mes de noviembre del 2017 al mes de febrero del 2018 para trazar una programación y que ésta se desarrollara, Rodríguez Casas, en calidad de director general del IPN , decidió concluir de manera abrupta, unilateral y arbitraria con el contrato, señalando que el tiempo no era el suficiente para cumplir adecuadamente los términos que estaban señalados en el convenio que él mismo signó. Sin embargo, el IPN ya había recibido distintos trabajos desarrollados por los especialistas, los cuáles a su vez fueron entregados al INE.
Los especialistas demandan la violación de derechos de autor, plagio y robo de propiedad intelectual, ya que el trabajo que fue entregado al INE y del que cuentan con sellos y rúbricas de recibido, tanto de dicha institución como del IPN, fueron utilizados sin la autorización de sus autores, asegura Reyes Gómez.
