Ciudad de México, (EFE).- Familiares y defensores acusaron este miércoles de “encubrimiento” a las autoridades de la Ciudad de México por la impunidad que rodea desde hace casi siete años el caso Narvarte, sobre el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y el feminicidio de otras cuatro mujeres.
Aunque el crimen ocurrió el 31 de julio de 2015, las familias descubrieron nuevas inconsistencias de la actual Administración en la indagatoria sobre la muerte de Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz.
“La realidad es que no existen cambios de la entonces Procuraduría a la actual Fiscalía. Sin avances sustantivos en la investigación, la perpetuación de las omisiones y el comprobable encubrimiento de otros autores materiales como intelectuales”, denunció Patricia Espinosa, hermana de Rubén.
EL CRIMEN QUE AÚN SACUDE AL PAÍS
El multiasesinato sacudió al país en julio de 2015, cuando los cinco aparecieron brutalmente asesinados en la calle Luz Saviñón de la Narvarte, un barrio de clase media de la capital, con indicios de extrema violencia.
El entonces Gobierno de la capital detuvo a tres personas dos meses después del crimen pero sin esclarecer del todo el caso, por lo que la nueva Administración de 2018 prometió resolverlo por completo con la nueva Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX), que reemplazó a la Procuraduría.
Pero, tras acceder a 22 tomos de la indagatoria y videos, las familias ahora descubrieron por su cuenta inconsistencias como la participación de cinco personas en vez de tres, un segundo vehículo que acompañó a los perpetradores y llamadas con los presuntos autores intelectuales del crimen.
“Pasaron casi siete años de que esta información se había generado. Casi siete años en los cuales la Procuraduría tenía en sus manos todos los datos para hacer una debida investigación, sin embargo, no hicieron un análisis”, aseguró el abogado Edgardo Calderón, quien coordina la defensa.
Además, detectaron omisiones de las autoridades, irregularidades, falta de investigación, ocultación y destrucción de pruebas y evidencias como la ropa de las víctimas, expuso Gabriela Mejía, hija de Alejandra Negrete.
“La Fiscalía no ha trabajado lo suficiente y lo presentado en esta conferencia de prensa ha sido investigación de las familias y sus representantes”, observó.
PROMESAS INCUMPLIDAS DEL GOBIERNO
El crimen marcó a la Administración del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador de la oposición, pero las familias y defensores criticaron a la actual jefa de Gobierno, la oficialista Claudia Sheinbaum, por la falta de resultados.
“Después de tres años del nuevo Gobierno es ya inadmisible que sigan sin investigar, sin dar con el móvil, con todos los autores materiales y con los intelectuales de este crimen”, expuso Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de la ONG Artículo 19, que acompaña a las familias.
La madre de la fallecida Yesenia Quiroz, Indira Alfaro, acusó a la Fiscalía de “obstruir” la investigación, de filtrar información a los medios y de abandonar cinco de las ocho líneas de investigación sin avisarles.
También dijo que ha circulado información no constatada sobre el rol del cártel de Los Zetas y sobre un posible caso de tráfico de drogas a pequeña escala (narcomenudeo).
“Pareciera ser que la estrategia de la Fiscalía para eximir sus obligaciones de conducir una investigación, objetiva, diligente y con enfoque de derechos humanos es presentar información errónea y no comprobada sobre la supuesta posesión de drogas”, mencionó.
IMPUNIDAD PARA LA PRENSA
El caso persiste mientras México afronta una ola inédita de violencia contra periodistas, con ocho de ellos asesinados en lo que va del año, según la última actualización de Artículo 19.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido acabar con la impunidad, pero este miércoles criticó otra vez la “interferencia” del Parlamento Europeo por condenar la violencia contra la prensa en México.
Patricia Espinosa recordó que en el caso hay una línea de investigación sobre la labor de su hermano Rubén y la activista Nadia Vera, quienes huyeron a la Ciudad de México por amenazas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está preso desde 2017 por corrupción.
Aunque consideró que “hay elementos suficientes para indagar” en la línea sobre el periodismo y activismo, denunció que “nunca se ha hecho”.
Asimismo, acusó a las autoridades de desaparecer los teléfonos móviles de Rubén y Nadia, así como dos memorias USB que eran propiedad del fotoperiodista.
“Algo está pasando que no quieren indagar, que no quieren buscar sobre la línea Veracruz. No sabemos qué, no sabemos si están protegiendo a ciertas personas, no sabemos si tienen miedo, pero definitivamente la línea Veracruz la han dejado de lado”, lamentó Espinosa.
