Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño de 29 años con estatus legal protegido en EE.UU., fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de una orden judicial de 2019 que impedía su expulsión debido al riesgo de persecución por su presunta vinculación con la pandilla MS-13. La administración Trump reconoció que la deportación fue un “error administrativo”.
Tras su deportación, Ábrego García fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde estuvo incomunicado durante semanas. Su familia y abogados presentaron una demanda en EE.UU., y el 6 de junio de 2025, el gobierno federal lo repatrió para enfrentar cargos federales por presunto tráfico de personas y conspiración para transportar inmigrantes indocumentados desde 2016.
La acusación se basa en una detención de tráfico en Tennessee en 2022, donde Ábrego García fue hallado transportando a ocho personas sin documentos en su vehículo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también lo identificó como miembro de la MS-13 . Sin embargo, sus abogados niegan estas acusaciones, argumentando que no existen pruebas legales que respalden su vinculación con la pandilla.
Este caso ha generado controversia política y legal. La Corte Suprema de EE.UU. ordenó su regreso, lo que provocó la renuncia de un fiscal federal en Tennessee, quien expresó preocupaciones sobre la politización del caso . Organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes han criticado la deportación y las acusaciones, considerándolas como una violación de derechos fundamentales.
Actualmente, Ábrego García enfrenta un proceso judicial en EE.UU., donde podría enfrentar penas severas si es condenado. Su caso ha puesto de relieve las tensiones entre la aplicación de políticas migratorias y el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.