Para La Red Hispana
Las llamas que incendiaron el centro de reclusión del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, México, en el que perdieron la vida 39 migrantes centroamericanos y sudamericanos y que dejaron heridos a otros 29, algunos de gravedad, venían prendiéndose a fuego lento.
De acuerdo con las primeras investigaciones oficiales, citadas por el Diario de Juárez, los 68 inmigrantes que estaban encerrados en un área de confinamiento del Instituto de Migración, “se atrincheraron y prendieron fuego al lugar”.
¿Se habrán visto las llamas y el fuego al otro lado de la frontera, en Estados Unidos? Muchos de esos migrantes muertos esperaban su turno para iniciar o completar el proceso de asilo para intentar vivir su sueño americano o reunirse con sus familias.
Más allá si los resultados de la investigación final confirman que fue un acto de desesperación, la realidad es que no es nueva la frustración e impotencia que enfrentan decenas de miles de migrantes que deben esperar largos periodos de tiempo para poder ser escuchados en sus peticiones de asilo o para completar el trámite.
Aunque la administración del presidente Joe Biden hizo disponible a solicitantes de asilo la aplicación móvil CBPOne, el proceso ha estado plagado de quejas. Y apenas el mes pasado anunció su más restrictiva propuesta de regla para solicitantes de asilo: todos serán considerados automáticamente inelegibles a menos que puedan probar que fueron rechazados en su solicitud de asilo por un tercer país de tránsito, como México.
La nueva regla, que se encuentra en proceso de consultas, podría ser puesta en operación a partir de mayo cuando termine la emergencia de salud pública por la pandemia de COVID.
Si bien la administración Biden puso en marcha un nuevo programa para aceptar hasta 30,000 migrantes al mes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, el cual ha reducido drásticamente el número de migrantes de esos países que llegan a la frontera México-Estados Unidos, la política no ha contenido el éxodo completamente.
Apenas este mes una coalición de legalizaciones defensoras de migrantes se habían quejado por lo que calificaron como criminalización de los solicitantes de asilo, casos de abuso de autoridad o de uso excesivo de la fuerza.
Recientemente cientos de solicitantes de asilo, la mayoría venezolanos, trataron de irrumpir por una garita fronteriza en medio de rumores de que se les permitiría su ingreso a los Estados Unidos. Aunque fueron bloqueados, el incidente dejó al descubierto las tensiones y frustraciones que padecen los migrantes en la frontera.
Otros incidentes de frustración similares se han registrado en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, así como en un centro de detención en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, o la trágica muerte de 53 migrantes dentro de otro infierno, dentro de un tráiler encontrado cerca de la base aérea Lackland en Texas en 2022.
Las muertes de los 39 migrantes reclama una reconsideración de las políticas que Estados Unidos y México aplican hacia los migrantes. Es obvio que no han estado a la altura de un problema cuya dimensión humanitaria escapa a soluciones simples. O de lo contrario es cuestión de tiempo para que estalle el próximo infierno en la frontera.