Washington, (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos evitó de nuevo este viernes bloquear la ley que prácticamente prohíbe el aborto en Texas, la más restrictiva del país, aunque la examinará por la vía rápida a partir del próximo 1 de noviembre.
En su anuncio, la corte explicó que se centrará especialmente estudiar la manera inusual en la que el Congreso de Texas, dominado por los republicanos, articuló esta ley, ya que son los ciudadanos los encargados de aplicarla y no funcionarios gubernamentales.
Esto es posible porque la norma permite a cualquier particular presentar una demanda civil contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la ley.
La norma de Texas veta el aborto tan pronto como a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que se encuentran en ese estado; y no contempla excepciones ni en casos de incesto ni de violación.
El Supremo explicó que revisará si se puede redactar una ley de manera que exima a las autoridades estatales de la responsabilidad de aplicarla.
Asimismo, examinará si el Departamento de Justicia puede ir en contra de la norma ante los tribunales.
En suma, la más alta instancia judicial de EE.UU. comenzará a evaluar desde el 1 de noviembre los recursos presentados por la cartera de Justicia y clínicas abortivas.
La jueza del Supremo Sonia Sotomayor registró una opinión de disenso en la orden de este viernes del tribunal, en la que subrayó “el desprecio abierto a los derechos constitucionales de las mujeres que buscan el aborto en Texas”.
“Por segunda vez la corte declina actuar inmediatamente para proteger a estas mujeres de un daño grave e irreparable”, lamentó.
Hace cuatro días, el Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió al Supremo que frenara la aplicación de la ley en Texas.
En su petición, el Ejecutivo considera que la norma va contra el precedente legal que estableció en 1973 la propia corte en el caso “Roe contra Wade”, que legalizó el aborto en todo el país.
El Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto por nueve jueces, tres progresistas y seis de tendencia conservadora, por lo que Biden, del Partido Demócrata, se enfrenta a una situación complicada.
La propia corte suprema permitió que la ley entrara en vigor en septiembre, porque no se pronunció sobre una solicitud urgente para bloquearla que habían presentado clínicas de Texas.
