Campaña federal dirigida contra la comunidad latina viola derechos de forma flagrante
- El gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de redadas y detenciones en todo el país para impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra el terror en comunidades enteras.
- Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentando las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos, y se basa en gran medida en detener a personas debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos.
- El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a esta campaña violenta, que vulnera los derechos humanos a gran escala.
(Los Ángeles, 4 de noviembre de 2025) – La violenta campaña de redadas y detenciones llevada a cabo por el gobierno federal de Estados Unidos durante el verano de 2025 en Los Ángeles ha sentado las bases para que abusos similares se repitan en ciudades de todo el país, señaló hoy Human Rights Watch. Tanto entonces como ahora, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rastrean y detienen a personas sospechosas de no contar con autorización para permanecer en el país, separan a familias y siembran miedo en las comunidades.
Desde finales de mayo, ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales han realizado cientos de redadas en Los Ángeles y sus alrededores en lugares donde las personas latinas trabajan, compran, comen y viven, actuando con violencia y sin respeto por los derechos humanos. Agentes de ICE han detenido a vendedores ambulantes y a su clientela. Han irrumpido en autolavados y otros negocios con personal latino, y han intervenido en aparcamientos de Home Depot, donde personas buscan empleo. Funcionarios federales han reconocido que los agentes consideran la raza, la etnia y el origen nacional percibidos como factores clave para decidir a quién detener.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está llevando a cabo campañas similares en otras ciudades de Estados Unidos. La ley federal de presupuesto para 2025 aprobada en julio destina una cifra sin precedentes de US$170.000 millones al control fronterizo, la detención y las deportaciones.
“Estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles, y han continuado e incluso ampliado sus tácticas a medida que se han extendido a otras ciudades del país”, afirmó John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos en Human Rights Watch. “Destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la crueldad de las políticas migratorias de la administración Trump”.
Estas redadas generalizadas siguieron al llamado de Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete del presidente Donald Trump, a finales de mayo, para que las autoridades migratorias aumentaran sustancialmente el número de personas indocumentadas detenidas para su deportación. En ese momento, el presidente Trump publicó en Truth Social que pretendía “liberar Los Ángeles de la invasión inmigrante”.
Human Rights Watch analizó videos, fotografías y testimonios difundidos en medios de comunicación y redes sociales, y entrevistó a 39 personas, entre ellas algunas que habían sido detenidas y luego liberadas, familiares de personas detenidas y deportadas, testigos, integrantes de organizaciones que brindan servicios a comunidades latinas afectadas y un funcionario del condado de Los Ángeles.
El análisis de Human Rights Watch sobre datos de detenciones a cargo de ICE —excluyendo los arrestos realizados por CBP u otras agencias— confirma que, entre el 28 de mayo y el 28 de julio, agentes de la Oficina de Ejecución y Deportación de ICE incrementaron de forma drástica las detenciones, dirigidas en gran medida contra personas sin antecedentes penales violentos o incluso sin historial delictivo alguno en EE.UU. En la mayoría de los casos, las personas detenidas fueron trasladadas a centros de detención de ICE mientras avanzaban sus procesos de deportación. Algunas personas entrevistadas señalaron que funcionarios las presionaron indebidamente para que aceptaran una “salida voluntaria”. Los datos también muestran que los agentes de ICE detienen a personas basándose en su raza, etnia y origen nacional percibidos.
Las redadas documentadas por Human Rights Watch entre junio y septiembre se realizaron sin previo aviso: agentes en vehículos sin identificación se acercaban, saltaban y rodeaban a las personas que tenían como objetivo. La cobertura en prensa y redes sociales sobre otras redadas confirman un patrón operativo similar.
Testigos y registros audiovisuales muestran que los agentes suelen portar armamento de estilo militar, a veces vestidos de civil y otras con indumentaria táctica, y con frecuencia cubren sus rostros con máscaras, ocultando sus identidades y proyectando una imagen peligrosa y de aparente impunidad. Se han registrado casos de uso excesivo de la fuerza, incluida la rotura de ventanillas y la extracción por la fuerza de personas que se encontraban dentro de los vehículos.
Personas detenidas y sus familiares describieron maltratos durante el traslado y en detención. Indicaron que las mantuvieron esposadas durante largos períodos, les negaron comida y agua, les obligaron a dormir en el suelo y les impidieron comunicarse con sus familias y con sus representantes legales.
Personas con familiares detenidos relataron graves consecuencias derivadas de estas redadas: sufrimiento emocional y físico por la separación, crisis económicas y grandes dificultades para cubrir gastos de cuidado infantil, de personas mayores o de familiares con discapacidad.
Estas operaciones también han limitado y disuadido a muchas personas latinas de participar en la vida pública de Los Ángeles. Las personas inmigrantes entrevistadas coincidieron en que ahora temen aparecer en espacios públicos, lo que ha provocado que se pierdan ceremonias de graduación, citas médicas y días de trabajo.
En Los Ángeles, la comunidad se ha movilizado para protestar, informar a las personas sobre sus derechos, grabar las actuaciones de agentes federales, organizar redes de alerta ante redadas y brindar apoyo a quienes se ven obligados a ocultarse.
“El gobierno de Estados Unidos está cometiendo abusos y sumiendo a las comunidades latinas en un estado de terror”, afirmó Raphling. “Aumentar de manera desproporcionada la financiación de ICE, en un contexto en el que sus abusos quedan completamente impunes, solo acarreará daños incalculables”.
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