Acciones dirigidas a manifestantes, periodistas y médicos frente a centro de detención de inmigrantes
- Desde mediados de septiembre, agentes de las fuerzas de orden público federales han utilizado fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos, observadores legales, periodistas y personas que brindan atención médica durante manifestaciones frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) en los suburbios de Chicago.
- No se trata de control de multitudes, sino de una campaña de intimidación y un mensaje claro de que el disenso será castigado. Esto ocurre poco después de una instancia similar de uso de fuerza excesiva contra manifestantes en Los Ángeles.
- Las comisiones de vigilancia del Departamento de Servicios Humanos en el Congreso deben llevar a cabo audiencias públicas para examinar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes. Deben considerar recursos legislativos que permitan fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas con respecto a las operaciones de aplicación de las leyes sobre inmigración.
(Chicago, 23 de octubre de 2025) – Desde mediados de septiembre de 2025, agentes de las fuerzas de orden público federales han utilizado fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos, observadores legales, periodistas y personas que brindan atención médica a manifestantes durante protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) en los suburbios de Chicago, señaló hoy Human Rights Watch. Las protestas en el establecimiento de Broadview, Illinois, se intensificaron después del inicio de la “Operación Midway Blitz” del ICE el 8 de septiembre y de que aumentaran las redadas e incautaciones inmigratorias en el área de Chicago en general.
Según lo observado en testimonios de testigos y videos analizados por Human Rights Watch, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —a veces en presencia de policías estatales y locales y otros agentes federales— utilizaron repetidamente fuerza excesiva contra grupos reducidos de manifestantes que no parecían representar ninguna amenaza para los agentes o la seguridad pública, y contra observadores legales, personas que brindan atención médica y periodistas claramente identificables. Detuvieron a decenas de manifestantes y, al menos, a un periodista y una persona que prestaba servicios médicos de emergencia. La respuesta violenta se produce muy poco después del uso excesivo de la fuerza que tuvo lugar en el mes de junio por parte de las fuerzas de orden público contra manifestantes que se oponían a las redadas inmigratorias en Los Ángeles.
“Esto no es control de multitudes, sino una campaña de intimidación”, señaló Belkis Wille, directora asociada de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch. “Los agentes federales están usando sustancias químicas irritantes y disparan proyectiles contra manifestantes pacíficos, personas que brindan atención médica y periodistas a plena luz del día. Esto envía un mensaje claro de que el disenso será castigado”.
Human Rights Watch entrevistó a 17 personas que estuvieron presentes durante las protestas en Broadview: 7 manifestantes, 4 periodistas, 3 médicos voluntarios, 2 defensores de los derechos inmigratorios y un líder religioso. Los investigadores también analizaron 17 videos grabados durante las protestas que se difundieron en redes sociales o se proporcionaron al equipo de investigación. El 17 de octubre, Human Rights Watch envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que se resumían estos hallazgos, se planteaban preguntas y se ofrecía la oportunidad de enviar comentarios, pero no se ha recibido respuesta.
Testigos y grabaciones de video confirman que agentes del DHS utilizaron gases lacrimógenos y dispararon proyectiles directamente contra grupos de manifestantes, incluso desde el techo del centro de detención, a menudo sin previo aviso y sin que los manifestantes parecieran representar ningún riesgo para los agentes. Lo señalado por testigos y las grabaciones verificadas muestran que, algunas veces, había apenas 10 manifestantes, y en ningún caso más de 250.
Raven Geary, una periodista que asistió a más de una veintena de protestas en el centro de detención y recibió un impacto en el rostro de un proyectil de gas pimienta el 26 de septiembre, contó que ha estado en muchas protestas a lo largo de los años, pero dijo: “Nunca he visto nada como esta respuesta en mi vida. Es inexplicable que los agentes recurran a este nivel de violencia”.
Dos personas capacitadas para brindar atención de salud de emergencia contaron que atendieron a decenas de personas, que en la mayoría necesitaban tratamiento por la exposición a sustancias químicas irritantes, y algunas presentaban lesiones por el impacto de proyectiles.
Ashley Vaughan, quien estuvo en la manifestación y usa un bastón, dijo que el 12 de septiembre los agentes le dispararon perdigones de gas pimienta, lo que provocó que “perdiera el conocimiento” transitoriamente. El 19 de septiembre, varios agentes dispararon un perdigón de gas pimienta en la cabeza al reverendo David Black, mientras rezaba pacíficamente cerca de las instalaciones. El incidente fue capturado en video. Según el Gremio Nacional de Abogados de Chicago, al menos 10 observadores legales sufrieron heridas.
El gremio de abogados señaló que, del 19 de septiembre al 14 de octubre, agentes federales y oficiales estatales y locales detuvieron al menos a 78 personas en las protestas. Dos personas entrevistadas, y el colega de una tercera, dijeron que estuvieron retenidas entre 6 y 12 horas y que se les negó el acceso a sus abogados a pesar de que lo solicitaron insistentemente.
El DHS emitió una declaración el 19 de septiembre en la que indicó: “Los manifestantes atacaron a las fuerzas del orden público, arrojaron cartuchos de gas lacrimógeno, hicieron cortes en neumáticos de automóviles, bloquearon el ingreso al edificio e invadieron propiedad privada”. También publicó fotografías en X de lo que, según afirmó, eran dos “bombas de humo pirotécnicas”, dos pistolas y dos navajas que había confiscado a manifestantes. Human Rights Watch no pudo verificar de manera independiente estos señalamientos. Todas las personas entrevistadas dijeron no haber visto que manifestantes atacaran a las fuerzas de orden público de ninguna manera, o intentaran causar daños a bienes, lo que coincide con los contenidos que analizó Human Rights Watch.
Una coalición de organizaciones de medios de comunicación y demandantes individuales, incluidos periodistas y manifestantes, han presentado una demanda colectiva ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios del DHS, el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Justicia y otras agencias federales, invocando uso excesivo de la fuerza, represión de la libertad de expresión y arrestos ilegales. En respuesta, el 9 de octubre, un tribunal federal de distrito emitió una orden de restricción temporal en la que estableció límites a las tácticas policiales de control de protestas por parte de las fuerzas federales de aplicación de la ley desplegadas en todo el norte de Illinois. En una serie de fotografías del 14 de octubre, presuntamente se ve a agentes federales lanzando sustancias químicas irritantes contra manifestantes en el lado sur de Chicago, durante un incidente que podría resultar violatorio de la orden de restricción.
Durante las protestas, los agentes federales han utilizado repetidamente fuerza excesiva e innecesaria, y en muchos casos directamente han atacado a manifestantes y otras personas sin que hubiera provocación. Estos hallazgos también implican a las protecciones de los derechos civiles al amparo de la Constitución de los Estados Unidos, así como políticas del DHS, que incluyen restricciones con respecto a cuándo y cómo los agentes del orden pueden usar la fuerza para dispersar las protestas.
Las comisiones de vigilancia del DHS en el Congreso deben celebrar audiencias públicas para examinar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes en el área de Chicago, apuntó Human Rights Watch. Deberían exigir que se entreguen los registros internos de ICE relacionados con la planificación de las operaciones de aplicación de la ley, así como los protocolos sobre arresto y uso de la fuerza. Las comisiones deberían permitir que participen organizaciones civiles y de derechos humanos independientes para que proporcionen testimonios y pruebas, y considerar recursos legislativos para fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas de las operaciones de control inmigratorio.
“El gobierno federal no solo está violando los derechos humanos de los manifestantes aquí”, expresó Wille. “Estos abusos violentos forman parte de un ataque más general contra las normas e instituciones democráticas de Estados Unidos”.