El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró entusiastamente el triunfo del voto a favor de cambiar la Constitución en el plebiscito realizado en Chile el 25 de octubre, sugiriendo que fue una victoria del socialismo. Pero puede que Maduro se haya apresurado demasiado en celebrar el resultado del voto chileno.
Dejando de lado la ironía de que el Maduro felicitó a los chilenos por una votación libre que él se niega a permitir en su propio país, hay varias razones para creer que la mayoría de los chilenos no serán tan tontos como para aprobar una nueva Constitución que llevaría a Chile a convertirse en un desastre económico como el de Venezuela.
Según el plan del presidente de Chile, Sebastián Piñera, luego de las masivas protestas callejeras que sacudieron a su país el año pasado, los chilenos ahora elegirán una asamblea constituyente de 155 miembros que redactará una nueva Constitución para reemplazar la aprobada por el régimen del general Augusto Pinochet hace 30 años.
La nueva Constitución deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios de la Asamblea Constituyente, y el texto final deberá ser aprobado por los votantes chilenos en un referéndum en 2022.
Contrariamente a las afirmaciones de Maduro y otros miembros de la izquierda jurásica, las protestas masivas de Chile en 2019 fueron producto del éxito económico de Chile, más que de sus fracasos.
Tal como lo escribí en ese momento, las protestas chilenas fueron una especie de revuelta del primer mundo, parecidas a las de los “chalecos amarillos” de Francia o la de los “indignados” de España. Reflejaron una crisis de expectativas no cumplidas de una buena parte de la población chilena que no se ve suficientemente favorecida por la prosperidad macroeconómica del país.
Aunque el modelo chileno puede necesitar correcciones, ha sido —de lejos— el experimento social más exitoso de América Latina. La tasa de pobreza de Chile ha caído del 40% de la población hace 30 años a menos del 10% en la actualidad. La esperanza de vida ha aumentado de 69 a 79 años durante el mismo período y, contrariamente a lo que muchos creen, la desigualdad ha ido disminuyendo.
El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que clasifica a los países según su progreso social y económico, clasifica a Chile como el país latinoamericano más avanzado.
Hay varias razones para mantener la esperanza de que los chilenos no cometerán un harakiri político y económico.
Primero, a pesar de los esfuerzos del Partido Comunista de Chile para ponerse al frente de las protestas, las manifestaciones de Chile han sido apoyadas por personas de todo el espectro político. Algunos de los políticos de centro-derecha más conocidos de Chile, incluido el posible candidato presidencial Joaquín Lavín, han votado a favor de reemplazar la Constitución.
“El voto por una nueva Constitución no fue un voto de la izquierda”, me dijo el reciente ministro de Finanzas de Chile, Felipe Larraín. “Fue una votación de un grupo de personas muy heterogéneo”.
En segundo lugar, los partidos de centro-derecha de Chile, si quieren sobrevivir, tendrán que unirse y presentar una lista común de candidatos para la Asamblea Constituyente. Eso les permitiría asegurar que la nueva Constitución continúe garantizando la independencia del Banco Central y aprobar salvaguardas para evitar que Chile caiga en el populismo.
Si son inteligentes, los partidos moderados propondrán una agenda positiva, algo como “convirtamos a Chile en una Dinamarca, y no en una Venezuela”. Para derrotar un cuento, hace falta otro cuento.
Por supuesto, los próximos dos años estarán marcados por la incertidumbre política, que puede ahuyentar las inversiones.
Pero, como me dijo el ex presidente chileno Ricardo Lagos, la sugerencia de Maduro de que el voto chileno fue un triunfo de la izquierda bolivariana “es una exageración y un abuso”.
Estoy de acuerdo. Con algunos ajustes, Chile puede salir fortalecido de todo esto, y seguir siendo el modelo a seguir para América Latina por muchos años.