Maribel Hastings y David Torres
En medio del intenso debate generado por el Título 42, su eventual cancelación y todo el drama que se sigue suscitando en la frontera con los migrantes que vienen buscando asilo, poco se dice ya sobre ese otro segmento importante que son los 11 millones de indocumentados. Sí, esos que ya viven entre nosotros, trabajan en industrias esenciales, pagan impuestos, tienen hijos ciudadanos y son parte intrínseca de la sociedad estadounidense.
Es un segmento de la población del país que ha hecho crecer de manera importante no sólo la economía, sino de forma sobresaliente la demografía, dando un nuevo rostro a este laboratorio social que ha sido impulsado y enriquecido por oleadas de migrantes a lo largo de su historia. Negar ahora esa posibilidad es negar la esencia misma de Estados Unidos.
Es decir, hablamos de personas y familias que llevan décadas aguardando por una solución migratoria que los legalice. La última amnistía de 1986 cumple 37 años en este 2023 de haber sido promulgada. Son casi dos generaciones.
Y aunque mucho se habla y se presentan proyectos de ley que en el Congreso polarizado no tienen posibilidades de aprobación, los indocumentados siguen adelante con sus vidas, laborando, contribuyendo, aportando y viviendo siempre con el espectro de una deportación sobre sus espaldas.
Es curioso, pero esa dicotomía en la cual viven y mantienen vivo a este país, casi con todo en contra, debería ser suficiente razón para que este gran grupo de migrantes fuese reconocido no sólo con discursos de buena fe, sino con acciones concretas como una legalización bien merecida, sobre todo porque representan en sí mismos todo eso que se denomina el espíritu estadounidense: trabajadores, valientes, protectores, emprendedores y con valores familiares a toda prueba. Entonces, ¿por qué ignorarlos?
Y ellos siguen aportándolo y arriesgándolo todo, aun cuando gobernadores republicanos como Ron DeSantis, en Florida, y los republicanos en el Congreso los satanizan y los culpan de todos los males de la nación: criminalidad, desempleo, narcotráfico, la crisis del fentanilo, por nombrar algunos flagelos.
Pero una vez que los explotan usando su típica retórica de odio para satisfacer a su base más antiinmigrante, esos mismos políticos republicanos ven cómo las economías de sus estados sufren cuando los indocumentados abandonan sus puestos de trabajo o dejan de consumir en sus negocios, como lo está padeciendo Florida en estos momentos.
Aunque no lo admita, DeSantis sabe que la economía de su estado está sufriendo ante la huida de los indocumentados hacia otros lugares del país. De hecho, el gobernador está haciendo un pésimo cálculo político al enfocar su estrategia en un aspecto tan deleznable como bochornoso que raya en el racismo y la discriminación difrazados de “legalidad”. Rechazar en Florida las licencias de conducir de otros estados es también otro acto de mala fe política, el cual parece más una especie de estado de sitio donde todos los accesos se cierran por voluntad de una persona, lo que por supuesto no tiene mucho que ver con la democracia.
Por eso nunca está de más repasar los aportes de los indocumentados a la economía de un Estados Unidos que todo lo mide en dólares y centavos.
Básicamente, su presencia en industrias esenciales del país ha generado, por ejemplo, más de 100 mil millones de dólares en la última década para el programa del Seguro Social, según datos de New American Economy, con un total de contribuciones fiscales, al menos hasta 2018, de casi 250 mil millones, además de un poder de compra de más de 200 mil millones. Anualmente, se traduce en promedio en $13 mil millones al SSA y $3 mil millones a Medicare, según nota de Telemundo.
En efecto, sin su presencia, rubros como la construcción, donde trabaja más del 12%, el trabajo agrícola (más de 13%), la industria hospitalaria y de servicios (más de 7%), por nombrar algunos, se vendrían abajo.
Obviamente no es poco lo que aportan los indocumentados al fortalecimiento económico-financiero del país, si todo eso se convierte en una vertiginosa movilidad monetaria que mantiene a flote tanto a pequeñas como a grandes ciudades donde están distribuidos los migrantes y sus familias. Son, en fin, un innegable valor agregado para una nación que los necesita, a pesar de esas voces antiinmigrantes que los quieren fuera de su privilegiado y supremacista espacio.