Por Jennifer Allen
La discriminación, ya sea social o institucional, explícita o implícita, no tiene cabida en nuestra democracia. Aun así, en este país, la gente de color está expuesta desproporcionadamente al aire sucio, a desperdicios tóxicos abandonados y al agua no apta para consumo humano. Condiciones como éstas han resultado en altos niveles de asma y escenarios como la crisis de agua de Flint, donde de 6,000 a 12,000 niños de esta comunidad predominantemente afroamericana enfrentan serias ramificaciones de salud a causa de la intoxicación por plomo, incluyendo daño cerebral permanente.
Como americanos, tenemos a la mano una herramienta intocable para vigilar a los funcionarios electos por estas, y otras, injusticias: las urnas.
Desafortunadamente, a lo largo de los últimos 10 años, las leyes de supresión del voto han debilitado el acceso libre a los comicios, colocando esta herramienta poderosa fuera del alcance de las comunidades de color en buena medida. Esas leyes del voto se manifiestan en una variedad de formas, incluyendo requerimientos bastante restrictivos de identificación de electores, eliminación de comicios, oportunidades reducidas para realizar un voto temprano, y suspensión del registro de votantes el mismo día.
Estas tácticas afectan severamente a las comunidades de color, a los adultos mayores, y a los votantes con medios económicos limitados. Tomemos, por ejemplo, las leyes de identificación de electores que exigen a los ciudadanos una identificación oficial con foto para poder participar en los comicios. Muchos electores — 25 por ciento de los afroamericanos, 16 por ciento de los latinos y 18 por ciento de los americanos mayores de 65 años — simple y sencillamente no cumplen con el requerimiento de una identificación oficial con fotografía.
Y para estos electores, el requisito de la credencial no siempre es fácil de obtener. Demasiado a menudo las oficinas gubernamentales que expiden esas credenciales están lejos. Más de un millón de electores negros y medio millón de votantes latinos viven a más de 10 millas de la agencia oficial más cercana — una distancia considerable, especialmente para aquéllos que no tienen vehículo o tienen acceso limitado al transporte público. Aparte de la distancia, estas oficinas a menudo están abiertas por un número limitado de horas. Por ejemplo, la oficina de Sauk City, en Wisconsin está abierta solamente el quinto miércoles de cada mes. En el 2016, solamente cuatro meses cuentan con cinco miércoles: marzo, junio, agosto y noviembre. En resumidas cuentas, estas políticas hacen que sacar una credencial de identificación válida sea un proceso demasiado oneroso.
Otras formas de supresión del voto son igualmente desconcertantes. Este año, después de la eliminación de 140 casillas en Arizona — muchas de las cuales brindaban servicio a comunidades negras, latinas y de los Navajos —los electores de Phoenix tuvieron que esperar por horas para poder emitir su voto, algunos más allá de la media noche. En Carolina del Norte, cuando la legislatura estatal eliminó una semana de voto temprano, se eliminó el evento “Souls to the Polls” del domingo, una actividad que tradicionalmente brinda a ciudadanos negros transporte desde su iglesia para acudir a sitios de voto anticipado. En Florida, el Gobernador Rick Scott impulsó un esfuerzo, basado en datos incorrectos, de eliminar a los no-ciudadanos de las listas de electores del estado; 87 por ciento de los electores afectados por esta iniciativa eran personas de color.
Necesitamos una democracia que valore todas las voces con acceso justo a los comicios. Estas leyes que de manera sistemática limitan el poder político de nuestras comunidades de color no son lo que necesitamos.
Afortunadamente, una prometedora tendencia de derechos electorales está surgiendo: leyes que restringen el voto están cayendo — o por lo menos se están tambaleando — en estados por todo nuestro país. En meses recientes, tribunales en Dakota del Norte, Texas, Wisconsin, y Carolina del Norte invalidaron de varias maneras, leyes de supresión del voto que habían marginado a electores minoritarios — un nuevo y bienvenido estado de cosas que costó mucho trabajo lograr, especialmente con las Elecciones a la vuelta de la esquina.
En Dakota del Norte, una corte de distrito emitió una orden preliminar contra las extremadamente restrictivas leyes de Identificación de Electores, las cuales ponían trabas a los nativos americanos de zonas rurales para ejercer su derecho al voto. En Texas, una corte de circuito encontró que la limitada lista de credenciales de identificación que se aceptaban marginaba a votantes de minorías, y se dirigió a una corte más baja para redactar una medida de remediación. En Wisconsin, un juez de distrito desmanteló una serie de leyes electorales que iban desde horarios reducidos de voto en ausencia, a requisitos de residencia, y a credenciales de identificación aceptables. Y quizás lo más extenso y substancial es que una corte de apelaciones de Carolina del Norte acabó con la ley de identificación de electores del estado, argumentando que “tenía como blanco a los afroamericanos con precisión quirúrgica.” Además, la Suprema Corte, en una decisión dividida, recientemente le negó al Gobernador de Carolina del Norte Pat McCrory su petición de suspender — o, dicho en otras palabras, restaurar — las restrictivas leyes electorales de Carolina del Norte.
En este momento, estas cortes están tomando pasos para restaurar la confianza en nuestra democracia — están impulsando el proceso electoral americano para que se convierta en el derecho fundamental con la intención que fue creado. Ahora nos toca a todos nosotros hacer que los electores salgan a los comicios a ejercer su voto.
En la última década, el Fondo de Educación de la Liga de Votantes por la Conservación (o LCVEF) ha llevado a cabo programas de inclusión cívica con el fin de construir un electorado comprometido que participe en nuestra democracia. Al centro, esto está garantizando que la gente goce de un derecho fundamental: su voto.
En el 2010, LCVEF creó Chispa, un esfuerzo a largo plazo para construir y fortalecer liderazgo latino de base y a nivel nacional sobre el cambio climático y temas de energía. Con programas Chispa en estados de todo el país, nuestros programas de organización están incorporando a nuestras comunidades latinas en el proceso cívico, con las esperanzas de construir infraestructura de participación de los votantes latinos a corto y largo plazo.
Nuestras comunidades, todas ellas, necesitan ser escuchadas. Una democracia verdaderamente participativa — donde todas nuestras comunidades gocen de igual acceso a los comicios —puede ayudar a construir este futuro con mayor inclusión.
(Jennifer Allen, Vice Presidente y Directora Nacional de Chispa, y Matt Davis, Director de Participación Cívica)
