Para La Red Hispana
Uno sólo puede imaginar la desesperación de esa madre que se lanzó, con sus dos niños, a las aguas heladas del Río Grande para cruzar a los Estados Unidos. Los tres eran mexicanos y salían de su país, seguramente, en busca de su sueño americano.
En su lugar, los tres encontraron el desdén y la muerte. Se ahogaron sin que ninguna autoridad moviera un dedo para salvarles la vida.
Tras la muerte de la madre y de sus dos pequeños –sus identidades siguen siendo anónimas al momento de escribir esta columna—se desataron acusaciones mutuas entre la Guardia Nacional de Texas y la Patrulla Fronteriza, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Funcionarios de la Patrulla Fronteriza se enteraron alrededor de las 9 de la noche del viernes 12 de enero de un reporte de emergencia para rescatar a la familia. Enseguida pidieron acceso a Shelby Park, en Eagle Pass.
El parque de 47 acres se encuentra bajo control de la Guardia Nacional de Texas por órdenes del gobernador Gregg Abbot. El acceso fue negado, de acuerdo con la versión del congresista demócrata Henry Cuéllar.
En contraste, el Departamento Militar de Texas (TMD) calificó de “totalmente inexactas” las versiones de que impidió que la Patrulla Fronteriza salvara las vidas de migrantes que se estaban ahogando. “Al momento en que la Patrulla Fronteriza solicitó acceso, ya habían ocurrido los ahogamientos, las autoridades mexicanas se encontraban recuperando los cuerpos y la Patrulla Fronteriza comunicó estos hechos al personal del TMD en el lugar”, indicó.
La Casa Blanca sostuvo que el incidente fue responsabilidad del gobernador. “Los trucos políticos de Gregg Abbott son inhumanos y crueles. La Patrulla Fronteriza debe tener acceso a la frontera para hacer cumplir nuestras leyes”, señaló.
Por lo pronto, el Departamento de Justicia pidió la intervención de la suprema corte de justicia para recuperar su acceso a un tramo de 2.5 millas del Río Grande en Eagle Pass, qué incluye al parque Shelby, donde los elementos de la Guardia Nacional de Texas establecieron un perímetro de alambre de púas y cercas para cerrar el acceso al público por tiempo indefinido.
Aún si la versión de la Guardia Nacional de Texas es fidedigna, el gobernador Abbott no puede eludir su responsabilidad ni las consecuencias de sus acciones radicales.
Su decisión de tomar el control de la frontera entre Texas y México, así como de bloquear el acceso a la Patrulla Fronteriza, erigir alambre de púas y emplazar boyas sobre el Río Grande, tienen un mensaje inequívoco para los migrantes: No eres bienvenido a los Estados Unidos y, si padeces una emergencia humanitaria, no serás rescatado.
Nuevamente la Corte Suprema tiene el deber de restablecer el estado de derecho en la frontera. Estados Unidos tiene responsabilidades humanitarias bajo la ley federal y bajo sus compromisos internacionales. Permitir que Abbott maneje Texas como si fuera un país separado de la Unión Americana y pisotee las obligaciones legales y morales del país, sólo abonará al caos migratorio en la frontera.