Maribel Hastings/Asesora de America’s Voice
En una entrevista con la cadena ABC el pasado domingo, el compañero de fórmula de Donald Trump en la mancuerna presidencial republicana, JD Vance, evadió responder cuál será el proceso para identificar y deportar a millones de indocumentados, la pieza central de su campaña, y se limitó a recitar las usuales frases que son código de movilización para su base: frontera “abierta”, muro, criminales.
Trump le dijo a Time Magazine este año que deportarán entre “15 y 20 millones” de indocumentados. Pero en su entrevista con Jonathan Karl en This Week, Vance indicó que “empecemos con un millón”.
En otras palabras, Vance evitó describir el horror que supondría ir casa por casa, puerta por puerta para averiguar la situación migratoria de una persona, o conducir redadas indiscriminadamente con el potencial de detener y remover a residentes permanentes y ciudadanos de Estados Unidos que llenen el “perfil” de lo ellos consideren un indocumentado.
No describe la catástrofe humanitaria que supondría dejar a niños ciudadanos sin sus padres o sin uno de sus padres porque ya Trump separó bebés de sus padres en la frontera así que esto no sería nada. O dividir familias porque un amplio sector de los indocumentados están establecidos hace años en Estados Unidos y tienen cónyuges e hijos ciudadanos.
Pero sobre todo, Vance no dice cómo deportar así sea un millón de indocumentados, afectaría la economía de sus comunidades, ciudades, estados y del país. Porque el equipo Trump-Vance solamente explota este tema con fines politiqueros y demagógicos pero esquiva hablar de los datos que evidencian cómo los indocumentados ayudan a sostener nuestra economía.
Un reporte de julio del Institute for Taxation and Economic Policy encontró que “los inmigrantes indocumentados pagaron 96,700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en 2022”.
No solamente eso. “Más de un tercio de los impuestos pagados por los indocumentados se destinan a impuestos sobre nómina dedicados a financiar programas a los que estos trabajadores tienen prohibido acceder” porque son indocumentados. “En 2022, los indocumentados pagaron 25,700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social, 6,400 millones de dólares en impuestos de Medicare y 1,800 millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo”. Son beneficios a los que no tienen derecho al presente.
Y continúa: “a nivel estatal y local, algo menos de la mitad (el 46%, o 15,100 millones de dólares) de los impuestos pagados por los indocumentados son a través de impuestos sobre ventas y los impuestos especiales que gravan sus compras”. “La mayor parte de los demás pagos se realizan a través de impuestos sobre la propiedad, como los que gravan a propietarios e inquilinos (31%, o 10,400 millones de dólares), o a través de impuestos individuales o de negocios (21%, o 7,000 millones de dólares).
Y si combinamos los impuestos que pagan todos los inmigrantes en Estados Unidos, ya sean refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA, indocumentados, y otros de variada situación migratoria, su contribución en impuestos anuales es de 525 mil millones de dólares, según otro análisis de fwd.us
Estos datos desmienten las falsedades que Trump, Vance y los republicanos utilizan para desinformar a los votantes al afirmar que los indocumentados solamente vienen a obtener beneficios de manera fraudulenta o que no pagan impuestos. Se calcula, por ejemplo, que entre 50% y 75% de los hogares de indocumentados presentan sus declaraciones de impuestos utilizando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por su sigla en inglés) que otorga el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) a algunas categorías de no ciudadanos que no pueden obtener un número de Seguro Social.
Esto no “encaja” en la falsa narrativa republicana.
En contraste, este pasado fin de semana la aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris, reiteró su apoyo a una reforma migratoria con vía a la ciudadanía porque entiende que legalizar la mano de obra indocumentada supondrá beneficios todavía mayores para el fisco pues sus salarios aumentarían y pagarían más impuestos.
Según ITEP, “en un escenario en el que se concediera la autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados actuales, sus contribuciones fiscales se incrementarían en 40,200 millones de dólares al año, hasta alcanzar los 136,900 millones de dólares”.
Pero el prejuicio y el abierto racismo de Trump y de los republicanos hacia los inmigrantes es tal que prefieren deportar a quienes aportan millones a nuestra economía.