El presidente Trump ha dedicado sus primeros 100 días en el cargo a destruir el acceso a la salud sexual y reproductiva tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, a encarcelar inmigrantes y a desobedecer órdenes judiciales. Su índice de aprobación en este período es el más bajo registrado para un presidente desde la década de 1950. Desde su primera semana en el cargo, el gobierno Trump:
- Erosionó protecciones para pacientes y proveedores al indultar a extremistas violentos que atacaron centros de salud, estigmatizar la atención de afirmación de género para personas jóvenes y desestimar un caso destinado a proteger el acceso al aborto de urgencia en las salas de emergencia hospitalarias.
- Retuvo ilegalmente fondos para el Título X, el único programa federal del país dedicado a ofrecer métodos anticonceptivos, atención médica reproductiva y otros servicios de planificación familiar a millones de personas a bajo costo.
- Reinstauró la mortífera Ley Mordaza Global y reforzó la discriminatoria Enmienda Hyde, que niega el acceso al aborto a las personas con bajos ingresos.
- Puso fin a casi todos los programas de ayuda exterior, incluyendo los de planificación familiar, e impidió que se acogieran a exenciones para iniciativas humanitarias que pueden salvar vidas, lo que ha perjudicado el acceso mundial a métodos anticonceptivos y ha afectado gravemente a mujeres, niñas y comunidades en todo el mundo.
- Eliminó oficinas y programas centrados en la atención de la salud sexual y reproductiva, diezmando los programas de salud materna y medicina reproductiva, con planes para recortar aún más programas de salud clave.
Ante estos ataques, Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood Federation of America y Planned Parenthood Action Fund, se dirige al Capitolio para reunirse con miembros del Congreso y solicitarles que protejan la libertad reproductiva. Defensores de pacientes de Planned Parenthood Action Fund también viajarán al Congreso en mayo para instar a sus legisladores a proteger Medicaid y la atención esencial que brindan los centros de salud de Planned Parenthood.
Las acciones dañinas del presidente Trump en los últimos 100 días ya están afectando la capacidad de las personas para obtener atención de salud sexual y reproductiva, privándolas del poder de controlar sus propios cuerpos, vidas y futuros. Después de 100 días de este gobierno, somos menos libres.
A continuación, una cronología detallada de los ataques del gobierno Trump a la atención médica hasta el momento.
20 de enero: El primer día, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva estableciendo “masculino y femenino como realidad biológica”. Inmediatamente, diversoss organismos gubernamentales elaboraron nuevas normas y guías para redefinir y aplicar las leyes federales sobre discriminación sexual. El mismo día, el presidente Trump abolió el Gender Policy Council, que el presidente Biden había establecido como una entidad de la Casa Blanca centrada en la política de salud reproductiva.
23 de enero: El presidente Trump emitió Indultos a extremistas violentos contrarios al aborto que violaron la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas y Lugares de Culto, la cual protege a los proveedores de salud reproductiva de ataques y ayuda a garantizar que los pacientes puedan recibir de manera segura la atención que necesitan sin interferencia, intimidación ni violencia.
24 de enero: El presidente Trump restableció la Ley Mordaza Global, una política en contra del aborto que pone en riesgo la salud y la vida de mujeres, niñas, jóvenes y personas LGBTQ+ en comunidades de todo el mundo. También emitió otra orden ejecutiva para hacer cumplir la discriminatoria Enmienda Hyde, que efectivamente niega el acceso al aborto a las personas con bajos ingresos. El mismo día, el Departamento de Estado volvió a unirse a la Declaración de Consenso de Ginebra contra el aborto y contra las personas LGBTQ+. El gobierno Trump emitió una orden de suspensión de labores, deteniendo casi todos los programas de ayuda extranjera en todo el mundo, incluyendo los programas internacionales de planificación familiar.
27 de enero: La Casa Blanca del presidente Trump impuso una congelación de todas las subvenciones y préstamos distribuidos por el gobierno federal, lo que puso fin al acceso a la atención de salud sexual y reproductiva en muchos centros de salud.
28 de enero: El presidente Trump emitió una orden ejecutiva que restringe la atención de afirmación de género para personas jóvenes y personas adultas menores de 19 años. La orden incluye afirmaciones peligrosamente falsas sobre este tipo de atención y amenaza el acceso a servicios médicos esenciales. El mismo día, el Departamento de Estado emitió una exención a la congelación de la ayuda extranjera para “asistencia humanitaria que puede salvar vidas” que excluye explícitamente la planificación familiar.
30 de enero: El secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, rescindió una política fundamental de la época de Biden que apoyaba a los miembros de las fuerzas armadas y a sus familias cuando se veían obligados a desplazarse fuera de sus bases para recibir atención médica reproductiva a la que no podían acceder a través del servicio militar, incluyendo el aborto y la atención a la fertilidad.
31 de enero: El gobierno Trump ordenó a las agencias gubernamentales que eliminaran de sus sitios web la información y los datos sobre una amplia gama de temas, incluyendo contenidos que promovieran la salud de las personas adolescentes, los derechos LGBTQ+ y la conciencia sobre el VIH.
7 de febrero: El Departamento de Justicia dio marcha atrás en su postura en el caso U.S. vs. Skrmetti, que actualmente está siendo examinado por la Corte Suprema de Estados Unidos. La nueva posición del departamento sostiene que las prohibiciones estatales sobre la atención de afirmación de género para menores no violan el derecho a la igualdad de protección de las personas jóvenes transgénero.
19 de febrero: El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) emitió una guía que establece que aplicará en toda su formulación de políticas la definición binaria y restrictiva de sexo contenida en la orden ejecutiva del presidente Trump.
26 de febrero: La Oficina del Asesor General del HHS añadió una advertencia de que su opinión sobre la libre elección y Comstock no representa las posturas de la administración actual. Esto indica que el gobierno Trump probablemente no intervendrá en los estados que excluyen el aborto y a los proveedores de atención de afirmación de género.
4 de marzo: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su intención de desestimar un caso que el gobierno de Biden presentó contra Idaho para hacer cumplir la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA, por sus siglas en inglés), una ley federal que desde hace tiempo se interpreta como una protección para la atención de urgencia en casos de aborto en las salas de emergencia de los hospitales.
5 de marzo: Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) publicaron un Memorando de Alerta Especial dirigido a hospitales y otros proveedores regulados por CMS, en el que afirman falsamente que la atención de afirmación de género para niños es peligrosa. Repitieron la misma información errónea e inflamatoria sobre esta atención incluida en la orden ejecutiva del presidente del 28 de enero.
17 de marzo: El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos anunció que pondrá fin, con efecto inmediato, al tratamiento de la disforia de género.
20 de marzo: El presidente Trump emitió una orden ejecutiva que instruye a su gobierno a tomar medidas para eliminar el Departamento de Educación. La educación —incluyendo la educación sexual— prepara a las personas jóvenes para el mundo actual y las capacita para alcanzar el éxito. Las escuelas que reciben apoyo del Departamento de Educación enseñan al cuerpo estudiantil a establecer relaciones saludables, tomar decisiones informadas, fortalecer su autoestima y practicar la seguridad tanto en la vida real como en línea.
27 de marzo: El HHS anunció el despido de unos 10,000 empleados y la reorganización de varias divisiones en todo el departamento. Las agencias más afectadas son la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Combinados con retiros voluntarios y despidos anteriores, el HHS es ahora una cuarta parte más pequeño que antes de que el presidente Trump asumiera el cargo. Muchos de los recortes se dirigen a oficinas relacionadas con la salud reproductiva, la prevención del VIH y la equidad, incluyendo la División de Salud Reproductiva de los CDC, que se reduce a una sola rama.
31 de marzo: El gobierno Trump notificó a los beneficiarios del Título X —entre ellos nueve filiales de Planned Parenthood— que los fondos serían retenidos a partir del 1 de abril. El Título X es el único programa federal del país dedicado a proporcionar métodos anticonceptivos a bajo costo, exámenes de detección de cáncer y otros servicios de salud sexual y reproductiva a personas con ingresos bajos.
11 de abril: Los CMS enviaron una carta a los directores estatales de Medicaid en la que les instaban a suspender la cobertura de los cuidados de afirmación de género para personas jóvenes en sus programas de Medicaid.
14 de abril: El HHS publicó una guía y un portal en línea para alentar a los llamados “denunciantes” a presentar informes sobre personas jóvenes que reciben atención de afirmación de género.
16 de abril: Se filtra el borrador del presupuesto del gobierno Trump para el HHS, que propone recortes severos a los programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo la eliminación de la planificación familiar y el programa Teen Pregnancy Prevention. El borrador también sugiere cambios en la estructura de las subvenciones para la prevención y el tratamiento del VIH/sida y las infecciones de transmisión sexual (ITS), así como en el uso de la profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés). Asimismo, el proyecto de presupuesto del Departamento de Estado también se filtra, proponiendo la eliminación de la financiación de los programas internacionales de planificación familiar y salud reproductiva.
A lo largo de sus primeros 100 días, el presidente Trump también ha nombrado a varias personas en contra de los derechos sexuales y reproductivos que controlan o tienen influencia sobre políticas de salud sexual y reproductiva. Entre ellos se encuentran el secretario del HHS, Robert F. Kennedy; el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russ Vought; la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi; el secretario de estado, Marco Rubio; y el secretario de defensa, Pete Hegseth.
Los aliados del presidente Trump en el Congreso también están intentando “desfinanciar” los centros de salud de Planned Parenthood y la atención médica en general. Actualmente, el liderazgo de la mayoría del Congreso intenta obtener la aprobación de un proyecto de ley de conciliación presupuestaria que elimina la financiación de Medicaid, a pesar de la fuerte oposición pública a los recortes de Medicaid. Medicaid es el mayor pagador de servicios de salud sexual y reproductiva del país y el proveedor de seguros de más de la mitad de los pacientes de los centros de salud de Planned Parenthood.
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Planned Parenthood Action Fund es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro formada como el brazo político y de defensa de Planned Parenthood Federation of America. El Action Fund se dedica a actividades educativas, de defensa y a actividades electorales limitadas, incluyendo la coordinación de organizaciones de base, la defensa legislativa y la educación de los votantes.