Maribel Hastings
Al pasar revista por los desarrollos migratorios de los pasados días encontramos más oscuros que claros y la certeza de que en este año electoral la inmigración se coloca al centro del debate con un Partido Republicano que explota el tema con fines politiqueros, y un Partido Demócrata a la defensiva y dispuesto a ceder a demandas republicanas en la frontera y el sistema de asilo. Como en cada ciclo electoral, los indocumentados siguen esperando por la esquiva legalización, incluyendo a los Dreamers.
La muerte súbita del duro lenguaje migratorio que estaba contenido en el plan de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, no por oposición demócrata sino porque los republicanos siguieron las instrucciones de Donald Trump de bloquearlo para seguir politiqueando con el tema en su campaña, plasma varias constantes en el debate migratorio por las pasadas décadas.
La primera es cómo el Partido Republicano bloquea toda legislación, incluso una que habría hecho realidad algunas de las iniciativas de mano dura en la frontera y de minar las leyes de asilo que por años han propuesto. La estrategia del bloqueo ha sido constante incluso antes de que la facción Trumpista controlara el Partido Republicano.
Se trata de politiquear aunque ello impida solucionar los urgentes problemas de un sistema migratorio anacrónico y quebrado que ellos mismos dicen que hay que componer. Porque solucionar el problema les quitaría sus armas electorales favoritas que son usar a los inmigrantes como chivos expiatorios, y a la frontera como la excusa para acusar a los demócratas de incompetencia.
Si hay solución, perdería fuerza el discurso antiinmigrante con el cual movilizan a la base MAGA. La retórica antiinmigrante, aunque siempre presente, ha cobrado una peligrosa intensidad con Trump en la escena política, tanto así que las teorías conspirativas como la del “reemplazo” o la “invasión”, antes limitadas a grupos supremacistas marginales, ahora son esgrimidas y normalizadas por legisladores y precandidatos presidenciales republicanos. La retórica de la “invasión” ha costado vidas y tiene el potencial de seguir haciéndolo.
Ni hablar del demagógico proceso de destitución contra el Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el único hispano en el gabinete de Joe Biden; no porque haya cometido “delitos mayores y faltas”, sino porque no están de acuerdo con la política migratoria del presidente. Los republicanos han echado mano de la “invasión” en la frontera sur y la teoría del “reemplazo” para justificar el proceso contra Mayorkas.
Otra constante es que al sentir la presión política de año electoral, los demócratas ceden a las presiones republicanas y como ocurrió en esta oportunidad, hicieron una serie de concesiones que habrían tenido duras consecuencias en las comunidades inmigrantes y en los solicitantes de asilo. Y lo hicieron sin pedir a cambio la legalización aunque fuera de los Dreamers. La presión política por las imágenes de miles de refugiados en ciudades demócratas y de una caótica frontera, pesaron más en los cálculos demócratas.
Desaprovecharon una enorme oportunidad de defender, sin temor, una política migratoria que combine la seguridad con soluciones sensatas y humanas propias de una nación desarrollada con una sólida tradición inmigrante.
La tercera constante es que los indocumentados siguen esperando por la legalización que no llega. Pero a pesar de todo son uno de los motores de nuestra economía. Laboran en todas las industrias vitales de salud, agricultura y servicios alimenticios, así como la construcción y otros rubros primordiales.
Pagan miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales anualmente. Y aunque no pueden beneficiarse del Seguro Social o del Medicare, siguen haciendo millonarias aportaciones a través de sus empleadores.
Incluso los recién llegados, incluyendo refugiados, aportan a la economía. Según un análisis del Immigration Research Initiative (IRI), tan pronto comienzan a trabajar, los inmigrantes aportan millones de dólares en impuestos estatales y locales y la cifra sube conforme aumentan sus ingresos. Por ejemplo, a los dos años de su llegada a Estados Unidos, cada 1,000 nuevos trabajadores inmigrantes ganarán 22 millones en salarios agregados lo que supone no únicamente productividad sino más poder adquisitivo y más dinero para el fisco. La cifra aumenta a 32 millones anuales tan pronto se asientan, aprenden inglés y sus ingresos incrementan.
En fin, como escribimos en este espacio previamente, el país se beneficia de la mano de obra indocumentada y sus servicios, y de lo que gastan y aportan esas millones de personas y sus familias; pero cuando se trata de legalizarlos para que puedan contribuir todavía más, la xenofobia y el mensaje de odio pesan más para los republicanos. Y en el caso de los demócratas, el temor y la negligencia política tampoco ayudan.