Por Victoria Knight
Washington, (KHN vía EFE).- La ley de seguridad de armas forjada a través de tensas conversaciones bipartidistas en el Senado se presentó como la primera legislación federal en 30 años para combatir el aumento de la violencia armada. Pero lo que ha pasado inadvertido es uno de sus objetivos clave: mejorar los servicios de salud mental.
La cobertura periodística se ha centrado en las disposiciones de la ley para mejorar las verificaciones de antecedentes de los compradores más jóvenes, alentar a los estados a implementar sus propias “leyes de alerta” y cerrar la “laguna legal de los novios”, que resta efectividad a una ley que previene que personas condenadas por abuso doméstico sean dueños de armas.
Pero se ha prestado menos atención a los programas de salud mental a los que se destinará la mayor parte de los 13.000 millones de dólares estimados en la aplicación de la nueva ley de seguridad.
“Es una especie de legislación de seguridad de armas envuelta en una legislación de salud mental”, dijo Jeffrey Swanson, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, que estudia el punto de encuentro entre la violencia con armas y la enfermedad mental.
La inclusión de estos programas en la legislación encabezada por un pequeño grupo de senadores después del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas, el 24 de mayo, fue el resultado de la insistencia de los republicanos de que cualquier esfuerzo de reforma de armas también debía abordar la salud mental.
“No creemos que se pueda resolver la epidemia de violencia con armas en Estados Unidos a través del prisma de la salud mental. Pero si tenemos un acuerdo entre demócratas y republicanos para gastar miles de millones adicionales en tratamientos de salud mental, especialmente en comunidades vulnerables, aprovechemos esa oportunidad”, dijo el senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut), uno de los negociadores clave de la reforma.
Si bien los defensores de la salud mental están contentos con la iniciativa, también expresaron preocupación por que se siga perpetuando la idea de que las personas con trastornos psiquiátricos son responsables de la violencia con armas, cuando la investigación muestra que no es así.
Solo de 3 % a 5 % de los actos violentos son cometidos por personas que tienen una enfermedad mental grave y, por el contrario, es mucho más probable que una persona que vive con una enfermedad mental sea víctima de violencia.
“Es con emociones muy encontradas que pensamos combinar estos elementos”, dijo Hannah Wesolowski, directora de defensa de la National Alliance on Mental Illness. “Necesitamos inversiones en salud mental, pero sabemos que la salud mental no es la causa directa de que una persona sea violenta”.
¿Qué contiene la medida?
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo total de la legislación en 13.000 millones de dólares, una gran parte de los cuales se utilizará para aumentar la financiación de programas existentes, que ampliarán sus servicios de salud mental y seguridad escolar, incluyendo mil millones durante cinco años en dos programas para impulsar el número de consejeros de salud mental en escuelas.
Otras asignaciones incluyen:
– Ochenta millones durante cuatro años para un programa de acceso a la atención de salud mental pediátrica, que permite a los pediatras brindar servicios de salud mental a través de telesalud. Sesenta millones adicionales por cuatro años se destinarán a capacitar a médicos de atención primaria para que brinden servicios de salud mental a jóvenes.
– Doscientos cincuenta millones durante cuatro años para aumentar la subvención en bloque de los Servicios Comunitarios de Salud Mental a los estados para ayudar a llenar los espacios en blanco en los sistemas locales de salud mental.
– Se agregarían 240 millones durante cuatro años al Proyecto AWARE, que otorga subvenciones a una variedad de organizaciones de salud mental y de conducta.
– Otra asignación de fondos notable: este año se asignarán 150 millones a la nueva Línea Nacional de Prevención del Suicidio 988, que se lanzará a mediados de julio.
La nueva ley también proporciona un financiamiento de hasta 8.600 millones de dólares durante 10 años para apoyar la construcción de clínicas comunitarias de salud mental en cada estado.
Este tipo de clínicas, que ya existen en 10 estados como parte de un programa piloto de Medicaid, deben atender a toda persona con una necesidad de salud mental o por abuso de sustancias. Los estados tendrían que solicitar participar en el programa, que comenzaría en 2024.
¿Qué tan útiles son estos programas de salud mental y cuándo comenzarán?
Es difícil saber qué tan efectivos serán estos programas para mejorar los resultados de la salud mental, dijo Marisa Domino, economista de salud y directora del Centro de Información e Investigación de Salud de la Universidad Estatal de Arizona, porque es posible que no todos los programas hayan sido evaluados por su efectividad o necesariamente tienen medidas integradas que puedan ser evaluadas.
“Hay muchas pequeñas oportunidades en esta legislación, pero es difícil saber en su conjunto” si será útil para mejorar la salud mental, dijo Domino.
Parte de la financiación comenzará este año y continuará durante cuatro o cinco años. Es posible que otros flujos de gastos no comiencen hasta 2024. Eso es típico, ya que la financiación del Gobierno debe planificarse con años de anticipación. Pero plantea dudas sobre la rapidez con la que se pueden reforzar los programas de salud mental.
¿Detendrá la violencia con armas?
Depende de cómo se defina la violencia con armas, dijo Swanson.
Más de la mitad de las muertes por armas de fuego en el país son suicidios, y es posible que esta legislación ayude a reducir esas muertes.
La legislación también hace hincapié en las “leyes de alerta”, que se ha demostrado que reducen las tasas de suicidio. Este tipo de leyes, ahora en los códigos de 19 estados y el Distrito de Columbia, permite que miembros de la familia, la policía o los médicos soliciten a un tribunal que retire temporalmente por hasta un año las armas a personas que temen pueden estar en riesgo de hacerse daño a sí mismas o a otras.
Por ejemplo, Swanson dirigió un proyecto de investigación que analizó cómo funcionaba una política de bandera roja en Connecticut, donde su equipo estimó que por cada 10 a 20 acciones de retiro de armas, se evitó un suicidio.
Pero los expertos reconocen que los componentes de salud mental de la legislación pueden no hacer mucho por frenar la violencia con armas de tiroteos masivos, como los de Uvalde, el supermercado de Buffalo o el del desfile del 4 de julio en Highland Park.
“La gran mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas”, dijo Swanson.
KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.
Versión original en inglés: https://bit.ly/3ajVbzK
