GUATEMALA / TENNESSEE / LUISIANA — Iris Dayana Monterroso-Lemus, una migrante guatemalteca de 38 años, perdió a su bebé después de semanas de negligencia médica y tratos inhumanos mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). El caso ha generado indignación nacional e internacional, y ha encendido llamados urgentes a reformar las condiciones de detención para mujeres embarazadas.
Iris fue arrestada por ICE en Lenoir City, Tennessee, a mediados de marzo de 2025. Estando embarazada de aproximadamente cinco meses, fue trasladada a través de múltiples centros de detención —en Illinois, Tennessee, Alabama y finalmente el Centro Correccional de Richwood en Luisiana— donde permaneció hasta que se descubrió la muerte de su bebé.
A lo largo de varios días, Iris reportó dolor intenso, falta de movimiento fetal y otras complicaciones. Sin embargo, sus súplicas fueron ignoradas o minimizadas por el personal médico, quienes se limitaron a controles básicos y nunca ordenaron una ecografía. El 29 de abril, finalmente fue trasladada a un hospital, donde se confirmó la muerte fetal intrauterina. “Tuve a mi bebé muerto en el estómago por tres días”, declaró Monterroso-Lemus.
Durante su detención, Iris fue sometida a condiciones indignas: comida en mal estado, falta de higiene, burlas por parte de los guardias, vigilancia constante y uso de esposas incluso durante el parto. Se le negó atención prenatal, privacidad y contacto con su pareja. Tras la pérdida del embarazo, fue deportada a Guatemala sin un debido proceso ni explicaciones claras.
Gary Bivens, su pareja, denunció haber sido dejado en la oscuridad durante días, enterándose del fallecimiento del bebé por medio de otra detenida. “Me llamaron solo para preguntarme si quería el cuerpo del bebé y cómo iba a pagar por enviarlo”, declaró.
Este caso ocurre en el contexto de un cambio de política el 9 de mayo de 2025, mediante el cual se revocaron protecciones previas para mujeres embarazadas bajo custodia de ICE y otras agencias federales. Entre 2017 y 2018, al menos diez mujeres perdieron sus embarazos en centros de detención. A inicios de 2025, se estimaba que casi 300 mujeres embarazadas estaban detenidas en EE.UU.
Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación inmediata y exhaustiva, así como la restauración de protecciones especiales para personas embarazadas detenidas.
“Detener a mujeres embarazadas en instalaciones sin los recursos médicos adecuados es una violación grave de derechos humanos. Lo ocurrido a Iris Dayana Monterroso-Lemus no debe repetirse,” declaró una vocera de la organización Justicia Migrante.