Washington, (EFE News).- Los ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia analizaron en una agenda de temas que incluía la política del presidente Donald Trump en la construcción de un muro en la frontera, el envío a México de miles de personas que han solicitado asilo y la exclusión de los inmigrantes indocumentados en los resultados del censo.
Se espera que el Supremo emita el lunes las decisiones sobre la nutrida agenda de este viernes en la cual figuraba la apelación del Gobierno de Trump para que, cuando llegue el momento de distribuir representaciones políticas y fondos federales para los próximos 10 años sobre la base del Censo 2020, no se cuenten a los inmigrantes indocumentados.
El año pasado el Tribunal Supremo rechazó el intento de Trump por incluir en el cuestionario del Censo -un empadronamiento que por mandato constitucional se realiza cada 10 años- una pregunta acerca de la ciudadanía de los habitantes.
La Constitución estipula que el censo contará a todos los habitantes del país, y sobre esas cifras se distribuyen la representación de los Estados en el Congreso Federal y en el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para salud, educación, infraestructura y programas sociales.
El Tribunal debe decidir si un grupo de estados y gobiernos locales tienen, bajo el Artículo III de la Constitución, derecho a cuestionar la orden dada por Trump al Departamento de Comercio para la exclusión de indocumentados en el censo o si la medida es “un ejercicio permisible de la autoridad presidencial”.
El gobierno de Trump quiere, ahora, que el Supremo escuche los argumentos en diciembre y tome una decisión antes del 10 de enero cuando se enviarán las cifras del Censo al Congreso.
Otro caso en la agenda de los magistrados del Supremo involucra al Club Sierra, una organización defensora del ambiente, y se refiere a la decisión de Trump de utilizar fondos que el Congreso había aprobado para el Departamento de Defensa desviándolos a la construcción de un muro en la frontera con México.
Desde que lanzó su candidatura presidencial en 2015, Trump prometió que construiría un muro a lo largo de los 3.200 kilómetros de frontera sur y que México pagaría por la obra.
Dado que México no colaboró y que el Congreso no aprobó todos los fondos que Trump pedía para el muro, a fines de 2018 el presidente declaró una “emergencia nacional” y ordenó el uso para la obra de fondos que los legisladores habían aprobado para el Departamento de Defensa.
Los jueces han de decidir si la transferencia de unos 2.500 millones de dólares aprobados por el Congreso para gastos militares fue legal.
También está ante los jueces del Supremo la llamada “carga pública”, tras un decreto de Trump por el cual las autoridades de inmigración pueden negar visas de ingreso y la obtención de la residencia legal permanente a extranjeros que, a criterio de los funcionarios, puedan utilizar programas de asistencia pública.
En otro caso, los magistrados han de dictaminar si la decisión de Trump de ordenar la detención y la deportación de extranjeros que solicitan asilo por temor a la persecución en sus países viola el debido proceso legal que requiere audiencias en tribunales de inmigración.
Asimismo, la agenda del Supremo incluye las querellas contra el llamado Programa de Protección de Migrantes (MPP) por el cual, desde comienzos de 2019, el gobierno de Trump ha enviado a México y América Central decenas de miles de personas que llegaron a la frontera solicitando asilo para que esperen en el país vecino que concluya su petición.
