Carpinteria y Camarillo, California— En la mañana del jueves 10 de julio, agentes federales de inmigración (ICE), apoyados por tropas de la Guardia Nacional, llevaron a cabo redadas en dos instalaciones agrícolas de cannabis con licencia estatal operadas por Glass House Farms: una en Carpinteria (condado de Santa Bárbara) y otra en Camarillo (condado de Ventura). Durante el operativo, cientos de activistas y trabajadores agrícolas se congregaron para protestar frente a la intervención.
En Carpinteria, aproximadamente diez trabajadores fueron detenidos antes de que los oficiales recurrieran al uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud. El congresista federal Salud Carbajal fue impedido de ingresar al sitio y calificó la acción como una muestra “desproporcionada de fuerza militarizada”. En el enfrentamiento, la concejala Mónica Solórzano cayó al suelo y resultó herida en un brazo tras ser empujada por los agentes.
En Camarillo, las tensiones escalaron notablemente cuando un hombre, al parecer huía de los agentes, abrió fuego hacia ellos. En respuesta, se desplegaron gases lacrimógenos y munición no letal para contener a las decenas de manifestantes, algunos de los cuales arrojaron objetos y rocas contra las fuerzas federales. Tres personas fueron trasladadas a hospitales tras inhalar gases o resultar con heridas, mientras que otros permanecieron en el lugar tras recibir atención médica. Asimismo, se descubrió la presencia de al menos diez menores indocumentados en las instalaciones de Camarillo —ocho de ellos no acompañados— lo que ha derivado en una investigación por presuntas violaciones a la ley de trabajo infantil.
Las autoridades estatales y locales, incluido el gobernador Gavin Newsom, condenaron enérgicamente el uso de gases lacrimógenos frente a niños, calificando la operación de “desproporcionada” y “traumatizante” para las familias campesinas. Por su parte, Glass House Farms aseguró que cooperó plenamente con las órdenes de registro emitidas.
Finalmente, el fiscal federal del distrito central de California, Bill Essayli, advirtió que se emitirán cargos penales contra quienes obstaculizaron el operativo y ofreció una recompensa de 50 000 USD por información relativa al individuo que abrió fuego contra los agentes.