México, (EFE).- Rosario Robles y Emilio Lozoya son los dos más altos funcionarios mexicanos del Gobierno de Enrique Peña Nieto acusados de corrupción. Pero mientras la exsecretaria de Desarrollo lleva un año encerrada en prisión preventiva, el exdirector de la petrolera estatal Pemex afrontará su proceso en libertad.
Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), está acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma.
Mientras que sobre Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, pesa el haber recibido supuestamente 10.5 millones de la constructora Odebrecht a cambio de obras públicas y un fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes.
TRATOS CLARAMENTE DIFERENTES
Lozoya, prófugo de la Justicia capturado en España y extraditado el pasado 17 de julio a México, compareció esta semana ante dos jueces de control que lo dejaron en libertad condicional, por lo que no pisará la cárcel mientras afronte su proceso penal.
Un destino muy diferente al de Robles, quien fue encerrada en espera de juicio tras acudir a declarar el 13 de agosto de 2019.
El juez de control le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga al detectar que Robles posee una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al declarado.
Para Fabiola Navarro, miembro del Observatorio de la Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay una “selectividad y diferencia de trato” en ambos procesos porque “ella sí está en la cárcel y él no”.
La experta relató que en ninguno de los dos casos la prisión preventiva es obligada, pero apuntó que el ex director de Pemex “ya fue prófugo de la Justicia y tiene propiedades y familiares en el extranjero, por lo que se le debiera presuponer un riesgo de fuga”.
“Hay que decir que en términos de las acusaciones, Rosario Robles se enfrenta a una acusación importante por un escándalo de corrupción frente al menos cinco escándalos en los que estaría vinculado Lozoya”, dijo.
El manejo de los dos casos ha sido distinto incluso por parte del Gobierno.
Mientras que la coalición gubernamental del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó en el Congreso inhabilitar a Robles para ejercer cargos públicos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha defendido que Lozoya reciba “ciertas consideraciones” a cambio de revelaciones.
UN PACTO CON LA FISCALÍA
Y es que detrás de los beneficios de Lozoya está un supuesto acuerdo de colaboración con la Fiscalía por el cual el ex director de Pemex recibiría un trato judicial amable a cambio de destapar a otras figuras clave en la corrupción del Gobierno de Peña Nieto.
“Hay una negociación atrás pero no sabemos exactamente cuál es la negociación. ¿Alguien cree que este señor iba a regresar de España así porque sí?”, comentó a Efe Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey.
Durante las audiencias del martes y miércoles, Lozoya no solo se declaró inocente, sino que dijo ser víctima de un “aparato de poder” y expresó su “compromiso de colaborar con las autoridades”.
Por su parte, la Fiscalía, que pidió su imputación por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, evitó solicitar la prisión preventiva al exdirector de Pemex, quien solo tendrá la prohibición de salir del país.
El ambiente en la audiencia de Robles, imputada por el único delito de ejercicio indebido del servicio público, fue mucho más tensa.
La defensa de Robles acusó al juez de control de ser parcial por su parentesco con una diputada de Morena, partido de López Obrador.
Y la exsecretaria presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por “la violación a sus derechos humanos en el proceso”.
EL PROBLEMA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Para Ricardo Alvarado, investigador de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), detrás de todo esto hay una clara “discrecionalidad” en las medidas cautelares y un uso equivocado de la prisión preventiva en México.
“Tenemos un sistema que entiende que con meter a la gente en la cárcel se hace justicia, pero no es así”, dijo a Efe Alvarado, quien apuntó que la prisión preventiva a Robles “fue un exceso”.
Robles estuvo involucrada en la filtración de videos en los que un empresario otorgaba sobornos a funcionarios de la capital cuando López Obrador era alcalde del entonces Distrito Federal (2000-2004).
Por ello no faltan las teorías que apuntan a una venganza del actual presidente contra Robles.
Mientras que un buen trato a Lozoya le puede convenir, dado que sus revelaciones ayudarían al discurso que tiene López Obrador contra la corrupción.
“Todo esto pone en duda la credibilidad y la autonomía de la Fiscalía”, apuntó Alvarado sobre estos dos funcionarios con destinos, aparentemente, distintos.
